Nuevo golpe de Salinas a la corrupción financiera en México
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ha asestado un duro golpe a la corrupción en el campo financiero. Un mes después de la detención del líder sindical petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, fue detenido el lunes pasado Eduardo Legorreta, director de la Bolsa durante el crash de 1987 y hermano del máximo dirigente de los empresarios mexicanos.
La clase media que se arruinó por los manejos financieros de Legorreta está hoy de fiesta.
El anuncio de la detención de Legorreta, junto a otros dos antiguos dirigentes de la Bolsa, fue hecho en la noche del lunes por el ministro de Hacienda, Pedro Aspe, quien acusó al poderoso y millonario cacique financiero de fraude durante su gestión.
Pedro Aspe dijo que Legorreta era responsable de "operaciones, actos y omisiones que infringen la ley".
Otras fuentes aseguran que el fraude asciende a más de 3.000 millones de dólares, por lo que, según el principal informativo de la televisión mexicana, Legorreta podría permanecer en prisión sin derecho a libertad bajo fianza.
Actuación ilícita
Aunque todavía no se conocen los términos precisos de la investigación, desde días atrás la Prensa mexicana venía acusando a Legorreta de actuación ilícita en la Bolsa, que conoció durante 1987 un boom repentino y espectacular que concluyó en un crash en el que Legorreta se enriqueció y miles de ahorradores atraídos por el crecimiento bursátil se arruinaron.Su detención se ha producido como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República.
La personalidad de Legorreta tiene la doble dimensión de ser hermano de Agustín Legorreta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, principal organismo representante del empresariado mexicano.
Hasta el momento no se ha producido ninguna reacción por parte de empresarios ni de círculos financieros mexicanos, pero fuentes informadas creen que el presidente Salinas había conseguido el visto bueno de los principales banqueros del país antes de tomar una decisión que ha creado fuerte impresión en México.
La oposición de izquierda ha acusado al Gobierno de que esta medida es como "tapar el pozo después del niño ahogado".
La acusación contra Legorreta tiene, por otra parte, el valor de servir de contrapelo al daño causado en cierto sector del sindicalismo por el encarcelamiento de La Quina.
La medida contra el conocido dirigente financiero estuvo precedida de la aplicación de un impuesto del 2% sobre los activos netos de todas las empresas del país, lo que también provocó malestar entre el mundo empresarial.
