El Reino Unido y Luxemburgo muestran su oposición a la propuesta de armonización fiscal de la CE

IGNACIO CEMBRERO, El Reino Unido y Luxemburgo aparecieron aislados ayer en su oposición a la armonización de la fiscalidad sobre el ahorro, y la mayoría de países comunitarios, que aceptó la propuesta como "un útil" punto de partida para la discusión, incitó al presidente del Consejo de Ministros, el español Carlos Solchaga, a "creer razonablemente que somos capaces de llegar a un acuerdo". Solchaga presidió ayer el primer Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de los doce, casi exclusivamente dedicado a los dos proyectos de directiva que prevén una retención mínima en origen del 15% sobre las rentas del capital.

La sesión de ayer no dio lugar a un debate de fondo sino a una mera exposición de puntos de vista y al establecimiento de un calendario de trabajo que empieza el 20 de este mes con una primera reunión de un grupo integrado por directores generales del Tesoro o de tributos y encabezado por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.Las conclusiones del grupo serán elevadas primero a los embajadores de los doce ante la CE y después a los Consejos de Ministros de Hacienda de abril y mayo, en Bruselas y S'Agaró (Gerona), pero ante la "importancia económica y política del problema" y con objeto de cumplir el plazo previsto para alcanzar un compromiso, que expira a finales de junio, Solchaga no des carta "trasladarlo" a la cumbre de Madrid con la que finaliza el semestre presidencial español.

Moderado optimismo

El moderado optimismo del ministro español se fundamenta en que "aunque los puntos de vista expresados fueron diferentes, no he observado posiciones cerradas y no cooperativas (...) y los desacuerdos no han sido formulados en términos de principios sino por razones prácticas". "Espero ahora que el grupo de trabajo de alto nivel aproxime posiciones antes de que haya en abril un debate político".

La impresión transmitida por Solchaga contrasta, por ejemplo con la dureza de la posición luxemburguesa, reiterada horas antes de la reunión ministerial por el número dos del Gobierno del Gran Ducado, Jacques Poos, que no dudó en afirmar que "no se doblegaría" y que las probabilidades de adopción de la directiva eran "nulas", ya que los asuntos fiscales requieren la unanimidad de los doce.

Poos fue secundado en el Consejo por el secretario de Estado británico, Peter Lilley, que sostuvo que "la propuesta de la Comisión Europea es una medicina perjudicial para una enfermedad inexistente" y rememoró a sus colegas la experiencia británica acometida durante 1979 para abolir el control de cambios, "lo que no provocó un aumento de la evasión fiscal".

De ahí que Poos y Lilley, cuyos países no someten a la retención a los no residentes, recordasen al unísono que "la introducción por la República Federal de Alemania de una retención en origen (el 1 de enero de 1989) del 10% ha acarreado, en cambio, lo que justamente tememos: una fuga de capitales", de la que se ha beneficiado principalmente Luxemburgo. Lo ocurrido en la RFA se reproduciría a nivel comunitario si en julio de 1990 se aplica en los ocho Estados más ricos la directiva elaborada por la Comisión Europea.

Scrivener fue la más ferviente partidaria de su proyecto que, explicó ante el Consejo, pretende " suprimir o atenuar los riesgos de distorsión, de evasión o de fraude fiscal (...) y hacer así que sea soportable la liberalización de los movimientos de capitales entre los ocho países" que la introducirán primero.

Aunque con matices, el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, que dirigía la delegación española, defendió también la propuesta de armonización, que calificó de "pragmática" y elogió incluso algunos aspectos como la exención fiscal del ahorro popular, que en España prácticamente no se fomenta. Tampoco consideró dramática para la Hacienda española la reducción en un 5% del tipo de retención que actualmente practica sobre las rentas del capital.