El CDS gobierna en Soto del Real desde 1987 sin tener los presupuestos aprobados

"Presupuesto de mascarada, elaborado pensando en la loto", fue el calificativo con el que los dos concejales socialistas y los tres del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid) rechazaron el pasado 4 de febrero, día de carnaval, el proyecto presupuestario del Centro Democrático y Social (CDS) para 1989.

En la misma sesión se dejaron también sin aprobar los presupuestos de 1988, redactados a es tas alturas como gastos ya con sumados y en los que la oposición ve "presuntas negligencias en el uso de los fondos públicos, con "aprovechamiento personal" del alcalde centrista, Eladio Navarro. El CDS sotorrealeño gobierna el municipio desde 1987 y mantiene un contencioso-administrativo, interpuesto por la delegada del Gobierno, Ana Tutor, ante la Audiencia Territorial, para que ésta decida si Navarro puede seguir en su actitud de no reanudar el pleno con la moción de censura presentado contra él y que fue interrumpido el pasado 2 de julio por "grave alteración del orden público".Entre los motivos del rechazo del presupuesto de 1988 está la provisión de fondos por 200.000 pesetas cargadas al Ayuntamiento y percibidas por la abogada y teniente de alcalde centrista de la localidad vecina de Guadalix de la Sierra, Paloma Corrales, en concepto de defensa de Eladio Navarro ante la Audiencia Territorial en el contencioso de la moción de censura.

En los presupuestos de 1989, el concejal de Urbanismo del CDS, Javier Ruiz Paredes, había previsto el ingreso de 165 millones de pesetas por la enajenación del 10% del suelo residencial edificable. "Se inflan los números", señala José Luis Sanz Vicente, del PP, "pretendiendo que el ciudadano pague al contado y anticipadarnente por unas parcelas sin servicios mínimos, marcadas por la especulación".

La riqueza de Soto es la inversión inmobiliaria, pero hay parcelistas paralizadas por autos de la Audiencia Territorial de Madrid. Desde marzo de 1988 la urbanización de Sierra Real está precintada por orden de la Comunidad, porque el alcalde concedió licencias a la promotora Gestur sin tener el plan parcial aprobado y se excedieron en 15.000 metros cuadrados urbanizables sobre los permitidos. También se encuentran suspendidas las obras de Monterreal y de las colonias de los Herrenes Egido y Prado Quintín.