Ruptura definitiva de Ias negociaciones entre Gobierno y sindicatos para la concertación

Viene de la primera páginaEl salario mínimo neto es aquel que resulta de restar el 6% que se detrae por el impuesto sobre la renta a los trabajadores en activo al salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo, finalmente, aseguró que va a tener en cuenta el poder adquisitivo perdido por pensionistas y funcionarios en 1988.

Los sindicatos, por su parte, piensan afrontar la ruptura de las negociaciones con "serenidad", según el dirigente de CC OO Agustín Moreno. En los próximos días mantendrán una reunión al máximo nivel con la presencia de los secretarios generales de ambas centrales, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, en la que analizarán las medidas que van a tomar "para que no caígan en saco roto las demandas del 14-D". Agustín Moreno cree que el "broche de oro" a la huelga general hubiera sido alcanzar un acuerdo y asegura que los sindicatos lo han buscado con todo su empeño.

El dirigente ugetista Antón Saracíbar cree que la ruptura de las negociaciones defrauda al país, a los trabajadores y a los sindicatos, y califica el comportamiento del Gobierno en esta mesa de "absurdo y lamentable". A su juicio, el Ejecutivo sigue echando un pulso a los sindicatos y se distancia cada vez más de su base social y electoral. Saracíbar está seguro que sólo han existido razones políticas en la actuación del Gobierno. Agustín Moreno coincide en que ha faltado voluntad política y emplazó al presidente del Gobierno, Felipe González, para que presente una alternativa a la oferta ahora desechada por los sindicatos.

Autoritarismo

"La ruptura se ha producido", añadió Agustín Moreno, "por un problema de fuero, de autoritarismo. El Gobierno ha querido dejar claro que aquí manda él, que puede burlar las reivindicaciones del 14-D. Ha confundido la paciencia de los sindicatos con la debilidad". Las dos centrales coincidieron en responsabilizar al Gobierno y a su presidente de la ruptura.

La reunión de ayer, que comenzó a las cinco de la tarde en el Ministerio de Trabajo, vio cómo, tras cinco horas y media de conversaciones y dos recesos para estudiar propuestas de ambas partes, cierto optimismo inicial, dejaba finalmente paso al absoluto alejamiento de posiciones. A media tarde, los interlocutores sociales parecían haber conseguido desbloquear la situación creada, en la que estaba prevista como última y definitiva reunión, mediante una declaración de principios del Gobierno, en la cual éste manifestaba su voluntad de modificar la oferta presentada en la reunión del pasado día 225 de enero, aunque no concretaba de momento en cuánto iba a mejorarla. Los sindicatos, por su parte, se comprometieron a detallar sus peticiones y a desvelar el calendario de aplicación de la cobertura de desempleo, que, según sus datos, permitiría un importante ahorro.

Poco antes de las diez de la noche, los negociadores del Gobierno estudiaron el coste de la propuesta de las centrales. UGT CC OO estaban dispuestas a aplazar hasta el mes de junio la puesta en marcha de la protección por desempleo para los jóvenes parados y que el resto de la ampliación del subsidio para otros colectivos entre en vigor en abril.Otra demanda que flexibilizaron UGT y CC OO fue la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. Mientras que para los pensionistas siguieron pidiendo dos puntos de incremento, aceptaban que ese aumento para los funcionarios no se aplicara en todos los conceptos salariales.

La equiparación de las pensiones contributivas más bajas al salario mínimo interprofesional, era una cuestión que la habían dejado pendiente al cierre del capítulo relativo a la deuda social contraída con los pensionistas como consecuencia del incremento de la inflación en 1988, por encima de las previsiones del Gobierno. En el cuarto punto que se discutía en la reunión de ayer, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, las centrales podían que desapareciera del texto presentado por el Gobierno, en el que se establece el compromiso que se exige a los sindicatos de garantizar la paz social y renunciar al derecho constitucional de huelga en el caso de que se pacte un acuerdo para los salarios de los empleados públicos.

También reclamaban que se negociaran otras condiciones laborales e demás de los conceptos retributivos y que compatibilizara el respeto a la soberanía del Parlamento con el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, sin cercenar ninguno de ellos.