¿Dónde y para quien?
El autor analiza la influencia que ejercerá el mercado único europeo sobre el empleo y considera que no se registrarán fuertes corrientes migratorias. Cada país podrá aprovechar sus características propias, por lo que no es deseable una armonización absoluta de las condiciones laborales de los doce.
Según estimaciones de la Comisión Europea (Informe Cecchini, de febrero de 1988), la constitución del mercado único europeo hasta finales de 1992 promete considerables ganancias en concepto de crecimiento económico y nuevos puestos de trabajo para la Comunidad Europea en su conjunto. Si se cumplen los pronósticos, la década de los noventa puede hacernos olvidar el largo período de crisis laboral que hemos vivido; la vuelta al pleno empleo dejaría de ser la utopía que hoy todavía muchos creen que es.En principio parece que saldrían beneficiados los países miembros más avanzados y las personas con mayores cualificaciones y habilidades "mentales", mientras que los países menos desarrollados y las personas menos preparadas o más habituadas a trabajos "musculares" serían los perdedores. Pero esto no tiene por qué ser así. Pues son muchos los factores que determinarán la evolución del empleo. Piénsese en aspectos tan variados y complejos como la eficacia de los sistemas de educación (escolar y académica) y de formación profesional (incluidos programas de adiestramiento y recalificación en las propias empresas), el coste de la mano de obra y su productividad (por especialidad y con respecto a sectores y regiones), el grado de movilidad geográfica y ocupacional de las personas, el grado de flexibilidad de los mercados de trabajo, las condiciones objetivas para la inversión y la creación de empresas (régimen fiscal, regulaciones administrativas, políticas macro y microeconómicas, beligerancia de los sindicatos, respeto de los derechos de propiedad) o las actitudes de la sociedad frente al crecimiento económico (problema de la ecología), a la dífusión de nuevas tecnologías (problema de su dominio y su ética), a los cambios en el entorno internacional (problema del proteccionismo) y a las inversiones extranjeras, incluidas las multinacionales (problema de la xenofobia).
La importancia de estos factores varía de un país a otro.
De Alemania, por ejemplo, se dice que dispone de un sistema de formación profesional excelente, pero también que exhibe un mercado laboral fuertemente regulado y está inmersa en continuos conflictos entre la eficiencia económica y la conciencia ecológica.
En el Reino Unido la primacía de criterios de eficiencia en la economía es absoluta. Buena prueba de ello son el empeño, la coherencia y la continuidad con que las autoridades desregulan los mercados, privatizan empresas estatales, recortan el tamaño del sector público y combaten el abuso de poderes casi monopolísticos por parte de los grupos de presión (concretamente los sindicatos).
También España se diferencia: parece que hay problemas notorios con los niveles y perfiles de cualificación profesional, con la dimensión del sector público, con la legislación laboral; pero al otro lado de la medalla vemos una economía dinámica (no sólo en su rama sumergida), una población rejuvenecida (de la que pueden salir muchos empresarios) y una sociedad abierta a lo nuevo) y optimista ante el futuro (también con respecto a las oportunidades que brinda la integración en la Comunidad Europea).
Corrientes migratorias
Según el peso que tengan las diversas características económicas, sociales e institucionales en los países comunitarios, y según cambien en el transcurso de los años, el impacto del mercado único europeo sobre el empleo variará: no es probable que se produzcan entre los países miembros espectaculares corrientes migratorias, al menos no lo es para el colectivo de trabajadores no especializados. Vínculos sociales, problemas de idioma extrañeza de las costumbres, la cultura y el clima en otros países suponen una barrera a la migración masificada, aparte de los gastos que una mudanza crearía. Tendrían que ser ya paupérrimas las condiciones de vida y nulas las perspectivas de empleo para que se produjera un éxodo; a lo mejor éste será el caso en alguna región griega, portuguesa o irlandesa (y como lo ha podido ser en tan diversas provincias españolas hace 30 años), pero se trataría de la excepción que confirma la regla.
Mayor movilidad cabe esperar de los profesionales liberales (en las especialidades médicas, técnicas, jurídicas o económicas). Podrían desplazarse a cualquiera de los países miembros para ejercer allí, sin trabas infranqueables, su actividad (de forma habitual o esporádica) y sin tener que hacer una fuerte inversión inicial. Ello contribuiría a aliviar las situaciones de abundancia o escasez crónica que observamos actualmente.
Acabaría también la segmentación del mercado laboral para científicos y otros profesionales de alta cualificación (asalariados). Ello mejoraría sus condiciones de trabajo en Europa y podría frenar la fuga de cerebros (hacia Estados Unidos) que tantas veces viene produciéndose debido, entre otras cosas, a la estrechez del ámbito intelectual nacional y a la insuficiencia de vínculos internacionales mutuamente fructíferos.
Básicamente, la movilidad internacional de los factores productivos se centrará en el capital real (inversiones extranjeras) y en el capital humano (personas altamente cualificadas). Esto ya está fomentando la internacionalización de la producción (no sólo en Europa, claro está), que se ha convertido en un importante motor del crecimiento de la economía mundial. Es de suponer que esta tendencia se acentúe, dado que las nuevas tecnologías de la información y comunicación han ampliado enormemente la actividad empresarial y desplazan partes de la producción, administración y/o investigación a otros lugares, incluido el extranjero.
Por consiguiente, establecido el mercado único europeo, los países miembros competirán entre ellos, no ya sólo en el campo convencional del comercio, sino cada vez más con el fin de atraer de fuera (también de países terceros) los factores productivos internacionalmente movibles (capital real y capital humano) que sean complementarios a los factores productivos domésticos con poca o ninguna movilidad internacional (mano de obra, el suelo, el clima). El capital irá a donde están los trabajadores (lo cual reduce desigualdades interregionales) en vez de tener que ir los trabajadores a donde ya esté el capital (lo cual haría las regiones prósperas más prósperas y las pobres más pobres). Además, las inversiones directas correrán en buena medida de Norte a Sur; es decir, en busca de la mayor rentabilidad, que en los países menos avanzados de la CE, con escasez relativa de capital y grandes necesidades de inversión, es superior a la existente en los países avanzados, al menos potencialmente.
También España podría beneficiarse, como ya lo viene haciendo, de estos movimientos de capitales, que siempre generan nuevos puestos de trabajo en una amplia gama de especialidades, tanto en la propia como en empresas auxiliares. Respecto a regiones (autonomías), los resultados varían. Dado el nivel de desarrollo y el grado de diversificación económica alcanzados, las perspectivas más positivas corresponden a Cataluña y a Madrid; las menos favorables, a Extremadura y a Asturias (y las más inciertas, en uno u otro sentido, y por razones obvias, al País Vasco).
El atractivo español
Ni que decir tiene que el atractivo de España (como el de cualquier otro país comunitario) para la afluencia de capitales extranjeros y para un desarrollo económico autosostenido con niveles de empleo satisfactorios no está garantizado. Hay que ganárselo continuamente por cuenta propia, con políticas económicas adecuadas. Pero será importante también que no se establezca un ordenamiento legal para el mercado laboral europeo contraproducente. Esto podría ocurrir si los Gobiernos cedieran demasiado ante reivindicaciones por realizar la llamada "dimensión social" del mercado único europeo.
Como se sabe, las diferencias existentes entre los países miembros en materia de política salarial, condiciones de trabajo, derechos del trabajador y Seguridad Social son muy grandes. El países con altos índices de "logros sociales", concretamente Alemania, se viene diciendo (no sólo por parte de los sindicatos que la creación del mercado único europeo debería incluir la armonización de las legislaciones laborales y sociales, a nivel nacional, se entiende. Pues de otra manera se produciría una "competencia desleal" por parte de los países menos avanzados en materia social, aparte de persistia "injusticias sociales" intolerable! en una comunidad económica que también quiera ser la Europa común de los ciudadanos. De imponerse este criterio de armonización, los efectos sobre el empleo en los países meridionale, serían nefastos. Andalucía no es Hamburgo, la productividad allí es mucho más baja que aquí, pero si el coste de la mano de obra andaluza se pone a nivel hanseático, aumentaría allí fuertemente el número de parados y los inversores comunitarios descartarían esa región como posible lugar para instalar una producción. Los desequilibrios regionales se intensificarían, en detrimento de las zonas estructuralmente más débiles y atrasadas.
Habrá quien piense que la Comunidad podría corregir este efecto mediante ayydas financieras, que es para lo que está el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Banco Europeo de Inversiones. Pero no olvidemos que la política regional comunitaria, por bien intencionada que esté, en la realidad no es demasíado eficaz: después de muchos años de aplicación, las regiones tradicionalmente atrasadas en la CE siguen siendo las mismas, los desequilibrios regionales, si acaso, no se han agudizado y muchos de los proyectos financiados tienden a ser más intensivos en el uso de capital que en el de mano de obra. Sería deseable, por consiguiente, que no se busque una armonización a ultranza de la legislación laboral y social, de modo que cada uno de los países miembros pueda explotar sus ventajas comparativas, en bien de su crecimiento económico global y regional y con el fin de que mejoren las oportunidades de trabajo.
