Trato degradante
Le dirijo la presente carta para hacer público -a él se la he hecho llegar personalmente- mi solidaridad e identificación con el fiscal de la Audiencia de Barcelona Antonio Gisbert, que solicitó a su jefe la convocatoria de unajunta extraordinaria de fiscales para debatir la posible ilegalidad de una orden del fiscal general de Estado.La orden, que me produjo auténtico asombro, insta a promo-
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ver reconocimientos anales y vaginales como método en la lucha contra la droga. Insta asimismo a los fiscales a recurrir las posibles sentencias absolutorias de los acusados de desobediencia por no querer someterse a esas inspecciones corporales.
Esa postura del fiscal Gisbert ha sido compartida por 25 fiscales de Barcelona y por la sección catalana de Jueces para la Democracia, la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Piensan todos ellos que la orden puede entrar en colisión con derechos fundamentales, porque los reconocimientos anales y vaginales violan el derecho a la intimidad y a la propia salud, aparte de entrañar un trato degradante, como reconoce el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que España ratificó.
El fiscal general sostiene que sobre el derecho a la intimidad debe prevalecer el derecho a la salud pública, que se defendería al luchar contra el tráfico de drogas. Pero no es admisible esgrimir razones de eficacia en la investigación de los delitos para justificar la vulneración de derechos constitucionales.
También parece claro el derecho de todo detenido a oponerse a este tipo de reconocimientos, porque ningún sospechoso de un delito está obligado a declarar contra sí mismo ni a colaborar con la justicia, sin que ello signifique desobediencia-
