El Atlético, multado por mala fe en el 'caso lbáñez'
La Magistratura de Trabajo número 1 de Madrid ha sancionado al Atlético de Madrid al pago de una multa de 1.000 pesetas por estimar "mala fe contractual del club madrileño" al ejecutar una sentencia anterior, relativa a la readmisión de Enrique Ibáñez como jefe de sus servicios médicos. El juez Miguel Moreiras considera que el Atlético no ha cumplido los fundamentos de dicha sentencia, que le obliga a readmitir a Ibáñez "en las mismas condiciones laborales que tenía antes de ser despedido". Por esa causa multa al club con 1.000 pesetas, "en atención a su delicada situación económica, según su presidente".En la sentencia se lee: "La reserva mental realizada por el club en cuanto a las condiciones de readmisión del demandante, en el sentido de no quererle revelar en su día su intención de no respetar en el futuro y tras su readmisión las condiciones de trabajo que tenía anteriores al despido de que fue objeto, constituye un claro caso de mala fe contractual, que faculta al magistrado para imponer a la parte que la comete una multa de 1.000 a 15.000 pesetas". "En atención a las dificultades económicas", prosigue el juez, "por las que atraviesa el club demandado, que, según manifestó en su día su presidente, es pobre, se debe fijar dicha sanción en 1.000 pesetas, mínimo legal establecido".
"Se llega a la conclusión también", continúa, "que el club, independientemente de quién sea allí el que pinte o el que mande, cuestión ésta que no puede ser resuelta en vista de las declaraciones efectuadas por sus representantes, los señores Abad, Centeno y Sierra, no ha permitido la reincorporación inmediata del doctor Ibáñez como deseaba hacer ésto y, en caso de readmitirle, ha manifestado que sería en condiciones laborales distintas a las que tenía antes de ser despedido, de lo que se deduce que no se ha producido el acuerdo de readmisión entre las partes a que hacía referencia la sentencia recurrida".
Ibáñez tiene presentado también un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de Magistratura por la que se establece que su despido fue nulo y debe ser readmitido o indemnizado con 21 millones. No está de acuerdo con esta cifra y solicita 61 millones.
