El acuerdo posible

GOBIERNO Y sindicatos se han dado por fin la mano después de la dura agarrada del 14 de diciembre. Que esta nueva ronda de contactos sea el preludio de una negociación provechosa para el conjunto de la sociedad depende no sólo de la simple voluntad de dialogar de las dos partes en conflicto, como si este talante fuera la piedra talismán capaz de abrir todas las puertas cerradas en el pasado. Además de la disposición a sentarse alrededor de una mesa, es imprescindible que los interlocutores acudan a ella con la intención real de llegar a acuerdos. No otra cosa es negociar. Para ello es urgente que se clarifique cuanto antes el contenido exacto y las reglas del juego de lo que se quiere consensuar.Tras cuatro horas de reunión el lunes entre el presidente del Gobierno y los secretarios generales de UGT y CC OO, la nebulosa no se ha despejado. No existe siquiera una coincidencia básica a propósito de las cifras sobre las que se tiene que discutir -un trabajo que podría muy bien realizar una comisión de expertos aceptada por ambas partes- y se mantienen, al menos por parte del Ejecutivo, enormes reticencias -basadas en la experiencia inmediata- sobre la viabilidad de la metodología a seguir.

El encuentro de la Moncloa retrotrae e", problema a la primavera pasada, y serán necesarios algo más que gestos -Imprescindibles en el primer momento- para que la negociación iniciada no concluya con la desilusión absoluta, como en anteriores intentos. No es un buen síntoma del clima de confianza que debe presidir unas conversaciones de este género el que los interlocutores hayan iniciado su parlamento delante de una grabadora. Como tampoco parece un punto de partida óptimo el que las centrales sindicales marginen la presencia de la patronal en una eventual negociación sobre el empleo juvenil o las declaraciones fuera de lugar y gratuitamente beligerantes efectuadas por el presidente de la CEOE después de su entrevista con el presidente del Gobierno.

Tras la convulsión política posterior al 14 de diciembre, los ciudadanos no comprenderían que alguno de los interlocutores, o todos a la vez, boicoteasen el contenido de la concertación social o intentasen simplemente ganar tiempo para mejorar posiciones en una carrera distinta de la que se ha corrido hasta ahora. Y entre los objetivos de ella no se encontraba, desde luego, los de adelantar las elecciones legislativas, ni los de derribar al Gobierno o cambiar, a su presidente, ni los de desmoralizar al país. La tentación de algunos estrategas del Ejecutivo de aprovechar la supuesta obstinación de los sindicatos para dejar que la negociación se pudra, y llegar así cargados de razón a unos comicios adelantados, supondría ignorar el enorme caudal de tensión laboral que vendrá a añadirse al ya existente cuándo, en enero, comience la negociación salarial en las empresas. Tensar la cuerda más de lo conveniente en estos momentos sería correr riesgos de consecuencias tal vez irreparables para la economía española. Por lo mismo, los sindicatos errarían si esperan reforzarse en la presión acumulativa de esas mismas negociaciones salariales, porque una política permanente de confrontación, cuyos efectos más impopulares son directamente padecidos por los ciudadanos, acabaría abortando su acercamiento al conjunto de la sociedad, logrado el 14-D.

Sin embargo, antes de someter a los interlocutores a un proceso sobre sus intenciones, es preciso atenerse a lo que han expresado públicamente y hacer un nuevo acto de fe. Y por ambas partes ha quedado de manifiesto el deseo de seguir dialogando. Los márgenes de discusión sobre las demandas de los sindicatos son estrechos, pero existen, y sólo de la voluntad política de los agentes depende aprovecharlos al máximo. El anuncio del presidente del Gobierno de poner en marcha en un futuro próximo el Consejo Económico y Social es una medida que apunta hacia este objetivo. Un fracaso en el proceso de consenso social de aquí al final de la legislatura deslegitimaría por igual a unos y a otros, sin que, y esto es un problema añadido, se vea claramente quién o quiénes serían sus beneficiarlos. Por ello sigue siendo imprescindible una concertación social que no desconcierte, como hasta ahora.