'L'ETA, c´est quoi?'
"¿ETA? ¿Eso qué es?". Dos interrogantes que resumen bastante bien lo que los españoles consideramos que saben los franceses sobre el fenómeno terrorista vasco. En otras palabras, creemos que ni comprenden ni conocen nada del problema y que, por consiguiente, se desentienden de él y no están dispuestos a ayudarnos a resolverlo. Es cierto que la cuestión se les antoja extraña, porque no la consideran suya, y que creen que cualquier papel que desempeñen debe ser secundario. No les falta razón.Incomprensión por incomprensión, lo es, por ejemplo, suponer que Francia contempla la posibilidad de cambiar trenes por vidas humanas, una bajeza que es desmentida por gestos cotidianos de amistad y colaboración. Y, en el otro lado de la cancha, es ridículo desconfiar de la democracia española hasta el punto de que, aún en 1985, Francia considerara necesario renovar la condición de refugiado político a conocidos etarras.
Coordenadas
¿Cómo se ve desde París el problema de ETA? Es evidente que los únicos que, por su forzado contacto con la cuestión, saben algo de ella, son los vasco-franceses y las gentes del gobierno. En el resto del país se tiene del terrorismo etarra, de sus fines y de sus manifestaciones, aproximadamente el mismo conocimiento que en España tenemos del independentismo corso.
Desde luego, las autoridades parisinas están convencidas de que se trata de un problema duradero. Opinan que el tratamiento que el gobierno de Madrid da al tema es meramente represivo y no, como debería ser, también político (la solución política del Pacto de los partidos vascos no les interesa, porque proviene de una autonomia que no puede tener con ellas las relaciones de soberanía que existen con el gobierno central de Madrid). Me parece evidente que el gobierno francés querría que el problema vasco fuera resuelto con una negociacíón; ésta tendría la virtud de acabar, de paso, con un incómodo santuario cuya existencia es inevitable si la frontera sigue abierta. Y cuánto más a partir de 1992, cuando está previsto que desaparezca ésta en aras del mercado único comunitario. En ese momento, por otra parte, el terrorismo etarra se convertiría en cuestión europea.
Los franceses tardaron tiempo, como, por cierto, los españoles, en darse cuenta de que los etarras no eran los héroes consagrados después del atentado contra Carrero Blanco, sino, apenas unos asesinos de ideología bastante primaria. La costumbre de tener acogidos en Francia a unos refugiados políticos -protagonistas de la lucha antifranquista-junto con las dudas que hasta hace unos años suscitaba la paulatina dernocratiz ación de España, hacía dificil el cambio de la óptica francesa. Aún hoy, plantea dudas en Francia el hecho de que la implantación de una organización que, como ETA, tiene en torno al 15% del voto vasco, no se vea alterada por bombas y asesinatos indiscriminados de mujeres y niños.
Con lentitud y dificultad, Madrid negoció con Deferre y, más tarde Joxe, como ministros socialistas del interior, una política de colaboración en la lucha antiterrorista. Para ello, fue preciso vencer muchas reticencias de orden político (el tejerazo estaba demasiado reciente), tales como que Amnesty International nos incluye regularmente en la lista de los paises en los que pervive la tortura o que el GAL plantea demasiadas preguntas. Además, las tres primeras extradiciones de etarras, concedidas tras durísimas disensiones internas, se resolvieron ridículamente en cuanto fueron entregados a España: dos de ellos fueron puestos inmediatamente en libertad por falta de pruebas (aunque el hecho dió fe de los usos democráticos de las autoridades españolas).
Posteriormente, cediendo al argumento esgrimido por Barrionuevo de: que si se presionaba a los etarras y se les expulsaba masivamente a España, el problema estaría terminado "en unos cuantos meses", París empezó a poner en práctica la política de las expulsiones "por procedimiento de urgenc¡a". Hicieron mal.Luego llegó la cohabitación y, con ella, Pandraud, que sustituyó a Joxe. Un Pandraud preocupado por los conceptos de ley y orden en Francia y decidido a intensificar el procedimiento de urgencia. Agarrando el rábano por las hojas, se dispuso a mandar a España a cuanto etarra, presunto colaborador o futuro reinsertado que aprovecha el viaje, se le pusiera al alcance. Miel sobre hojuelas. A Francia, asegura hoy el ex-ministro, no le importaba que las autoridades españolas pusieran luego a estos expulsados en la calle, "porque prefiero a etarras libres en España a libres en Francia" (no parece preocuparle que la frontera esté abierta y puedan volver cuando quieran). Para España, el sistema se convertía en un método expeditivo de ocuparse del problema sirí complicarse la vida con excesivas fruslerías jurídicas.
Las elecciones generales de 1986 llevaron de nuevo al socialismo al poder en Francia. Y con él, nuevamente a Joxe al ministerio del interior. Un Joxe de personalidad compleja y sólida, que había sido ignorado durante dos años por su ex-homólogo español y al que sus correligionarlos españoles habían olvidado. La peor persona posible para tratar con Corcuera.
Lo primero que hizo Joxe en el reciente seminario hispanofrancés de León fue comunicar a su homónimo español que se había acabado el procedimiento de urgencia. El sistema era ¡legal y, además, no había funcionado ni resuelto nada. Para sustituirlo, el ministro francés ofrecía un nuevo marco de actuación:
1. Si existe contra un etarra aprehendido en Francia una orden de busca y captura internacional emanada de España, cuando el etarra sea detenido en Francia, se esperará de las autoridades españolas el inicio de un procedimiento de extradición.
Si quién resultare detenido es un etarra notorio, pero no existe orden de arresto contra él en España, será expulsado a este país. Si hubíere orden de arresto, pero Madrid no solicitara la extradición, será expulsado a un país tercero.
Los refugiados políticos que perdieren su condición de tales en Francia, serán puestos en la frontera hispano-francesa.
2. El territorio francés es de competencia exclusiva de las autoridades de París y no se permitirán en él operaciones españolas de tipo alguno ni se iniciarán'operaciones basadas en confidencias obtenidas por la policía española en los bajos fondos franceses. Tales informaciones son poco fiables y París esta especialmente escocido por el ridículo hecho en una batida contra una casa que luego resultó estar desierta. Al parecer, la acción fue insistentemente recomendada por la parte española en el trascurso del seminario de León.
La OFPRA
La Oficina fraincesa para los Refugiados (OFPRA) suscita especíal irritación en las autoridades de Madrid, porque la consideran la puerta injustificada de escape para los etarras que han hecho de Francia su santuario. ¿Cómplice de terroristas o santuario de perseguidos? Basada en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y, contrariamente a lo que pudiera creerse por tratarse de un organismo gubernamental, la OFPRA es absolutamente independiente de cualquier otra instancia de la Administración francesa. Sus decisiones (33.000 casos y 9.000 resoluciones positivas al año) sólo son recurribles ante la audiencia nacional francesa y, en última instancia, ante el Consejo de Estado.
Ha tendido, desde siempre, a ser un organismo encerrado en sí mismo, con poco contacto con la vida política e inclinado a hacer caso omiso de cualquier circunstancia que no fuera la clínicamente jurídica de cada caso. ¿Un error? Tal vez. La compartirnent.ación estanca de la OFPRA es negativa para la apreciación política, pero rígidamente saludable para la sociedad cuyos postulados ha de defender. Tal vez su politización la llevaría a olvidar su verdadera función y a convertirse en un instrumento policial al servicio de cada gobierno. Justo lo que no quiere ser.
Sin embargo, su actuación ha favorecido a los etarras. Así es la mecánica de un sistema impermeable. Pero es justo que las autoridades de Madrid estén quejosas. Es inexplicable que, en 1985, aún se concedieran renovaciones de la condición de refugiado político a conocidos etarras. Probablemente, los dirigentes de la Oficina contestarían que para eso están: para apreciar, independientemente de cualquiera, si España ofrece garantía de trato democrático a sus ciudadanos. ¿Corresponde a Madrid demostrarlo? España debe explicar sus puntos de vista a la OFPRA. Y no se ve por qué no estaría legitimada para recurrir corno parte interesada cualquiera de las decisiones de la Oficina o de sus instancias superiores.
