La denuncia de tráfico tendrá "presunción de certeza" en la ley de seguridad vial
Las denuncias por infracciones de tráfico de los agentes tendrán "presunción de certeza, salvo prueba en contrario", según el proyecto de ley de seguridad vial. Este principio, ya incluido en el actual Código de Circulación, adquiere así rango de ley, y, según juristas de la Administración, será vinculante para los jueces. Asimismo, el dueño de un vehículo con el que se haya violado el código será sancionado si no identifica al conductor. Por otro lado, Tráfico desplegará en Madrid coches-patrulla camuflados, con radar utilizable en movimiento y vídeo.
Este proyecto de ley, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, será desarrollado en varios reglamentos, referidos a circulación, matriculación y permisos de conducir. Según el director general de Tráfico, Miguel Muñoz, "responde a la necesidad de adaptar la legislación en esta materia a la Constitución, ya que afectan a derechos de la persona". Muñoz admite que jurídicamente es "discutible" la "presunción de certeza" de las denuncias de tráfico, pero alega que, sin ella, se produciría una total impunidad, dado que estas infracciones "no dejan rastro"."En la futura ley se irá siempre contra el auténtico infractor: el conductor, pero para evitar la picaresca de que el titular se niegue a identificarle se le impone una especial obligación de diligencia en la custodia del vehículo y en el conocimiento de quién lo conduce y, por lo tanto, de colaboración con la Administración dando toda la información que se le pida", explica. Su incumplimiento será infracción grave.
La futura ley escalona así las multas: un máximo de 15.000 pesetas para las infracciones leves; 50.000, para las graves y 100.000 para las muy graves. Por otro lado, conducir sin permiso, no someter el vehículo a inspección técnica o incorrecto funcionamiento de auto-escuelas o centros de reconocimiento será sancionado con 250.000 pesetas. La Administración podrá retirar por un año el carné de conducir (ahora, sólo tres meses).
Plantilla escasa
Muñoz, preguntado sobre si no se da prioridad a la sanción sobre la ayuda al conductor, se queja de que la plantilla de Tráfico es escasa. Estima que habría que duplicar sus actuales 6.000 integrantes.
El programa que ensayará Tráfico en Madrid, en fecha indeterminada" de coches camuflados se inserta en este contexto: "Como tenemos poca fuerza en la carretera, que la gente al menos no sepa dónde está, ya que, aparte del nefasto aviso entre conductores sobre la presencia de una pareja, cuando una persona ve una patrulla sabe que van a pasar bastantes kilómetros antes de que encuentre a la siguiente y puede tener la tentación de correr riesgos". Los agentes de estos coches seguirán portando el uniforme. "No están los tiempos para que un individuo de paisano pretenda que pare un coche".
Según Muñoz, la situación del tráfico en España "es muy grave, aunque bastante similar a la de otros países". En España se producen 190 muertos en carretera por millón de habitantes, tasa equivalente a la de Francia, Austria, Bélgica, EE UU, y superior a la del Reino Unido, Suecia o RFA, pero a "años luz" de Portugal y Grecia. Ni la droga, ni el SIDA ni el terrorismo, juntos, causan en España 6.000 muertos al año. La carretera, sí, Y un tercio de ellos tienen menos de 25 años. El tráfico es la primera causa de muertes en los jóvenes. Y los heridos se elevan a 60.OOO.
La alcoholemia, presente en el 50% de las muertes de la carretera, es objeto de atención especial. Por un lado, el Código Penal incluirá pena de privación de libertad -hasta seis años- para el conductor que conduzca bajo los efectos del alcohol, aunque no se haya producido accidente (amén de multas y suspensión de carné hasta de cinco años). Y el Código de Circulación sancionará con multa de hasta 100.000 pesetas -ahora de 20.000- y suspensión del permiso de hasta un año "conducir rebasando el límite de alcohol". Este esquema es válido para las drogas. Los conductores kamizakes también tendrá pena de cárcel.
Muñoz considera muy "rígido" el criterio de los jueces que no sólo exigen acreditar que se supere el nivel legal de alcohol sino su influencia en la conducción. El nivel del 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre podría bajar a 0,5 en función de una futura norma comunitaria.
