El Congreso estudiará si hay fraudes inmobiliarios en las zonas turísticas

El Congreso de los Diputados ha acordado constituir una ponencia para investigar y estudiar si se están produciendo fraudes inmobiliarios en las zonas turísticas españolas, según informaron fuentes parlamentarias socialistas. Esta comisión realizará un informe para evaluar la situación y los problemas de las transacciones inmobiliarias que se realizan en estas zonas.

Un informe realizado por el eurodiputado británico Edward McMillan-Scott puso de manifiesto la existencia de irregularidades en la venta de propiedades a ciudadanos extranjeros en las zonas turísticas españolas.El informe que hagan los diputados será elevado a la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios del Congreso para que adopte las conclusiones procedentes, que a su vez serán trasladadas, por la vía reglamentaria prevista, a las administraciones públicas competentes.

La ponencia se ha constituido a partir de una proposición no de ley del CDS, enmendada por el Grupo Socialista. El diputado centrista Rafael Martínez Campillo, a raíz de una serie de denuncias sobre fraudes inmobiliarios, realizó un requerimiento para que el Defensor del Pueblo informara de todos sus trabajos e investigaciones sobre este asunto.

Martínez Campillo declaró ayer: "Inmediatamente me planteé dos objetivos: primero, que el Parlamento español investigara lo que ya estaba denunciando el Parlamento Europeo, y en segundo lugar, iniciar una lucha a fondo contra lo que puede ser uno de los mayores fraudes de la historia de este país".

[El Parlamento Europeo realizó una investigación sobre las estafas inmobiliarias cometidas contra extranjeros que compran propiedades en la costa mediterránea. El 90% de los casos afecta a España, según el informe elaborado por el eurodiputado McMillan-SCott, que denunció la cultura de la corrupción" existente en España, concretada, entre otras cosas, en la codicia de los promotores, la evasión fiscal y la lentitud e ineficacia de la justicia. La iniciativa estaba dirigida a exigir a la Comisión Europea que elaborase una directiva para garantizar unos derechos mínimos en este tipo de adquisiciones transfronterizas].