La oposición chilena anulará la privatizacion de empresas estatales realizada por Pinochet
La alianza de 17 partidos de la oposición declaró que el futuro Gobierno democrático anidará la privatización de las empresas estatales que el régimen militar reinició después de su derrota en el referéndum del 5 de octubre. Una declaración que leyó Patricio Aylwin, portavoz de la coalición opositora, pidió el término inmediato de las privatizaciones, realizadas por un "Gobierno que carece de toda legitimidad", y advirtió a los inversionistas chilenos y extranjeros que "las autoridades democríticas de mañana anularán todo este procesó".
La declaración opositora, la más enérgica realizada en materia económica, procura desalentar a los interesados en comprar acciones de una docena de empresas claves, en los sectores de energía, transportes, minería y servicios públicos, que el régimen del general Augusto Pinochet puso en venta después del plebiscito. El anuncio de enajenación, especialmente de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) y de la Empresa Nacional de Minería (Enami), detonó una campaña de movilización por parte de los sindicatos afectados, que ha incluido marchas, protestas, trabajo lento y amenazas de paralización.El rechazo que despertó este programa de ventas alcanzó incluso a algunos dirigentes de la derecha, que han planteado la necesidad de que las enajenaciones sean debatidas por el futuro Parlamento. Los partidos opositores criticaron al Gobierno del general Augusto Pinochet por intentar vender "un conjunto de empresas de elevado valor en un plazo extremadamente breve y en un período electoral". Ambos hechos incidirán en precios de enajenación subvaluados y provocarán fuertes desequilibrios macroeconómicos, según la declaración.
El nuevo plan de venta de empresas estatales se lleva a cabo "de manera precipitada, con la clara intención de dificultar la tarea del próximo Gobierno democrático", dijo Aylwin. "Una vez más se quiere privatizar sin la debida transparencia y sin considerar a los actores nacionales relevantes", añadió la declaración. Reproché, además, que no se adopten medidas para evitar la configuración de monopolios en manos privadas y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores de las empresas en venta.
Para la concertación opositora, "la única misión digna del Gobierno derrotado es posibilitar una transición pacífica a la democracia y no crear hechos consumados inaceptables para la mayona que se expresó en las urnas". Pese al rechazo a las privatizaciones, los partidos opositores se definieron proclives a la iniciativa empresarial privada, junto con un activo papel de promoción y fomento por parte del Estado. La declaración terminó haciendo un llamamiento a las Fuerzas Armadas para asumir "la defensa de la soberanía nacional, amenazada por esté extemporáneo e indiscriminado programa de privatizaciones".
