Rigor olímpico
LA FIRMA en Nueva York del contrato entre el Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 (COOB-92) y el Comité Olímpico Internacional (COI), por un lado, y por otro, la cadena estadounidense NBC, por el que ésta adquiere los derechos de re transmisión televisiva en EE UU sobre los Juegos Olímpicos de 1992, ha roto los techos históricos en negociaciones de este tipo. Se ha alcanzado un guarismo de 401 millones de dólares (416 millones si se incluyen los pagos en especie), equivalentes a los 407 millones que obtuvo Seúl por la cesión de todos los derechos, es decir, no sólo en la zona norteamericana, sino incluyendo Japón, Europa y un largo etcétera.Si la noticia no hubiera venido precedida del desarrollo de una larga y penosa crisis en el seno del organismo olímpico barcelonés, se trataría simplemente de celebrar una buena nueva en el siempre importante capítulo financiero de una convocatoria de esta magnitud. Pero sucede que esa crisis ha existido en las últimas semanas y que no ha revestido sólo un carácter organizativo interno, sino incluso político, en cuanto que ha afectado a las relaciones entre los cuatro socios del COOB-92 (Ayuntamiento de Barcelona, Gobierno, Generalitat y Comité Olímpico Español). Y sucede también que el elemento esencial de la crisis ha venido dado por las distintas posturas y juicios de valor sobre la calidad y el estilo de la gestión del organismo.
Después de Seúl se abrió la veda de la crítica al COOB. Se mezcló en ella mena y ganga. Se evidenció una justificada preocupación por las deficiencias observadas en el protocolo, en la imagen, en el cuidado de las relaciones entre las instituciones consorciadas y en la proyección de la aventura barcelonesa en el conjunto de España. Todos esos defectos son ciertos y comprobados.
Pero algunos protagonistas del proyecto, apoyándose en ellos, lanzaron un ataque frontal -envuelto en guante de seda- contra la gestión ejecutiva del organismo, personalizada en su consejero-delegado, Josep Miquel Abad, quien constituye, al mismo tiempo, el primer valladar del presidente del COOB, el alcalde socialista de Barcelona, Pasqual Maragall. Hubo fuego graneado contra su estilo, duro en la negociación y tan intransigente en cuestiones de pulcritud en la gestión de fondos públicos que bordea, para lo que hoy se lleva, los límites de la impertinencia.
El contrato ahora firmado supone la culminación de esta estrategia de dureza negociadora y su hito más importante, conseguido pese a la posición bajista del gran patrón de los Juegos, el COI. Se trata de una estrategia que debiera redundar en un resultado financiero equilibrado de los Juegos de Barcelona, esto es, sin déficit innecesarios que hipotequen el futuro de una ciudad -como ocurrió con la Exposición Internacional de 1929- y de las Administraciones de ámbito superior, autonómica y estatal. Esto es, en definitiva, del bolsillo de los contribuyentes. Bienvenidos sean, pues, el rigor y la intransigencia en estas cuestiones esenciales para las grandes apuestas españolas de 1992. Aunque deban acompañarse de una mayor flexibilidad y capacidad de diálogo en todos los demás asuntos, de importancia media o de detalle. Desde esta perspectiva, la cesión de los derechos televisivos firmada el jueves en Nueva York arroja al baúl histórico de las escaramuzas baladíes la crisis abierta después de Seúl 88.
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