El MOPU recogerá las peticiones autonómicas sobre viviendas de protección

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) retirará el decreto sobre viviendas de protección oficial que había sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por los Gobiernos de Baleares, Aragón, La Rioja y Castilla y León, y elaborará una nueva normativa que recogerá todas las reivindicaciones de las comunidades citadas, según anunció ayer en Valladolid el consejero de Fomento de Castilla y León, Jesús Posada.El nuevo decreto, que podría ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de final de año, reconoce a las comunidades autónomas competencias para decidir quiénes serán los adjudicatarios de las viviendas. El MOPU aportará el dinero para la subsidiación de los créditos. En el decreto actual, estos pagos correspondían a las regiones, y por eso sus respectivos Gobiernos presentaron conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional, aunque no se negaron a firmar convenios. En el caso de Castilla y León, el abono de las subvenciones ascendería a unos 6.000 millones de pesetas, según los cálculos de la Consejería de Fomento.

Jesús Posada anunció que, pese al nuevo decreto, la Junta tiene la voluntad política de seguir aportando inicialmente, aunque no tenga obligación de ello, el 5% de la subvención otorgada a los adjudicatarios. El resto será pagado por el MOPU. El consejero de Fomento se ha mostrado plenamente satisfecho por el acuerdo alcanzado y por el cambio de actitud del ministerio.