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Tres 'etarras' reconocen haber secuestrado a Juan Pedro Guzmán

Juan Manuel Gaztelumendi, Joaquín Urain y José Manuel Azcárate reconocieron ayer en la Audiencia Nacional pertenecer a ETA Militar y haber secuestrado a industrial vizcaíno Juan Pedro Guzmán el 30 de diciembre de 1985. Los otros dos acusados, el matrimonio formado por José Antonio Usaola y María del Carmen Pérez Bilbao, propietarios de la lonja de donde Guzmán fue liberado por la policía el 10 de enero de 1986, afirmaron desconocer que estaban colaborando con la organización terrorista.El fiscal pide para los tres primeros penas de 28, 26 y 24 años de cárcel respectivamente, por delitos de detención ilegal, robo, utilización ilegítima de vehículo a motor y falsificación de documentos. Para Usaola, el fiscal pide 12 años, y 7 para su mujer, como cómplices en el secuestro.

Declararon como testigos Julián San Cristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, y los responsables de la información de Interior y la policía, Francisco Álvarez y Julio Hierro, quienes negaron haber realizado algún viaje a Ecuador poco antes de que liberaran a Guzmán. Se da la circunstancia de que el miembro de ETA Alfonso Echegaray, que se encontraba deportado en Ecuador cuando liberaron a Guzmán, tiene declarado por medio de comisión rogatoria a Cabo Verde, donde se encuentra en la actualidad, que policías que hablaban en castellano le secuestraron junto a un amigo suyo el 8 de enero de 1986 en Quito, esto es, dos días antes de la liberación del industrial. Echegaray afirma que fue torturado y no le quedó más remedio que revelar el paradero del secuestrado, en una Ionja de Basauri (Vizcaya), propiedad de Usaola.

También declaró como testigo Gorka Lopetegui, concejal de Euskadiko Ezkerra en Munguía (Vizcaya), quien manifestó que fue detenido junto con Usaola por considerarle miembro de la infraestructura del comando secuestrador. Lopetegui aseguró haber sido torturado y explicó que vio cómo torturaron a Usaola.

El fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras la defensa solicitaba la absolución por diversas irregularidades en el procedimiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 1988