Bochorno para la justicia

LA ÚLTIMA payasada montada por José María RuizMateos ante las puertas de la Audiencia Nacional, así como la interminable presencia del caso Urquijo en la opinión pública, con juicios paralelos en busca de lo que se sospecha que ha quedado tapado por la investigación, representan un serio desafio al crédito y a la solvencia de que debe gozar una justicia digna de tal nombre. Constituye un bochorno que, con independencia del juicio que pueda merecer su comportamiento, Ruiz-Mateos lleve cinco años a la espera de ser juzgado. Y es realmente preocupante que, ocho años después de cometido el crimen y con dos sumarios abiertos, el asesinato de los marqueses de Urquijo siga aún judicialmente inconcluso, dando pábulo con ello a que las sospechas se extiendan indiscriminadamente a culpables e inocentes.En lo que se refiere al desafío planteado por RuizMateos, la única forma de acabar con el permanente ridículo al que el empresario jerezano pretende someter a la policía, la judicatura, las instituciones penitenciarias y al propio Gobierno es que se le detenga, se le vigile con más seriedad que hasta ahora y se le juzgue cuanto antes. Ruiz-Mateos es muy libre de dar rienda suelta a sus indudables dotes para el enredo y la comedia. Sin duda, la claque que le acompaña allí donde actúa se lo agradece con sus aplausos. Pero el Estado debe impedir que sea a su costa y que la negligencia, la ineptitud y la desidia mostradas hasta el momento sigan sirviendo de argumento a la obra teatral.

Desde que en febrero de 1983 se procedió a la expropiación de Rumasa, la actuación de Ruiz-Mateos ha sometido a prueba la eficiencia de instancias de poder de cuyo buen funcionamiento depende en gran medida el crédito que los ciudadanos conceden al propio Estado. La negligencia policial en su salida clandestina al Reino Unido hace cinco años -puesta de manifiesto nuevamente ahora con su fuga ante las propias barbas de la Audiencia Nacional y antes con su excursión veraniega a Portugal-, el injustificable retraso de su comparecencia ante la justicia y la exasperante falta de coordinación entre los tribunales y la policía son el entramado sobre el que este aprendiz de actor ha montado el escenario de su comedia. Y todo parece indicar que la representación va a continuar todavía durante un tiempo.

A estas alturas sólo cabe acelerar los trámites para que Ruiz-Mateos se siente cuanto antes en el banquillo de los acusados y alegue ante los tribunales lo que con tanta abundancia prodiga en declaraciones y derroches emocionales. Es cierto que este presunto estafador y real fuguista no está en peores condiciones que miles de procesados, muchos de ellos en prisión, que esperan años a que se les juzgue. Pero no hay motivo para que el proceso penal sobre el caso Rumasa se dilate durante tanto tiempo. La Audiencia Nacional no es un órgano jurisdiccional sobre el que se amontonen los asuntos y tiene medios suficientes para tramitarlos con la diligencia y la celeridad que requieran. Por otra parte, por más dificultosa que sea la investigación de los delitos fiscales y de contenido económico del caso Rumasa, cinco años parece tiempo más que suficiente para concluirla y llevar ante los tribunales a quienes resulten acusados.

El crimen de los Urquijo y las peripecias del pimpinela escarlata de Jerez no son las únicas asignaturas pendientes de la justicia. Pero lo emblemático de sus protagonistas y la repercusión pública que ha tenido su desarrollo exigen con urgencia, por bien del prestigio de las instituciones afectadas, que se resuelvan cuanto antes y pasen pronto a formar parte de la memoria colectiva de los españoles.