Suma y sigue

EL JUICIO que se celebra en Santander contra la llamada mafia policial -el segundo, tras el del Nani, de los procesos abiertos a este grupo organizado, que no sólo convivía con el crimen, sino que lo manipul aba en su provecho económico- revela, apenas iniciado, las grandes dosis de podredumbre y de miseria moral que se esconden tras esas conductas delictivas. Como en el juicio sobre la desaparición del Nani, en el de Santander también se está haciendo visible la inclinación de estos integrantes del submundo policial -agentes, confidentes, colaboradores- a acusarse y a amenazarse unos a otros y a practicar con patética sinceridad la humana filosofía del sálvese quien pueda. Diríase que este tipo de personas, en otro tiempo imbuidas de una sensación de inmunidad, se derrumba más fácilmente que el ciudadano normal cuando la ley les alcanza.En Santander comparecen ante, la justicia cinco inspectores de policía, dos de los cuales ya sufren fuertes condenas por la desaparición de Santiago Corella; el joyero y confidente Federico Venero, cuyas revelaciones hace ahora tres años están en el origen del descubrimiento de una oscura trama relacionada con hechos delictivos en el seno de la polícía, y un colaborador policial. Se les imputa en este caso la comisión de delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas y de drogas, pero la denuncia de Venero se ha extendido también a la extorsión económica, a la planificación de atracos -como el del Banesto, con un botín de 1.200 millones de pesetas y judicialmente archivado, o el de una joyería en la calle de Atocha de Madrid- y al encubrimiento de asesinos.

Cuando en los últimos años se ha llevado ante la justicia a algunos agentes de la ley acusados de hechos delictivos, no han faltado voces que han confundido esta actuación judicial con un ataque al conjunto de las fuerzas de seguridad. Nada más injusto, cuando es patente el reconocimiento que la sociedad española ha hecho en muchas ocasiones del papel desempeñado por las fuerzas de seguridad a favor de la convivencia democrática. Por ello, no dejan de sonar a corporativismo trasnochado las tomas de posición públicas realizadas por algunos sindicatos y asociaciones policiales contra la exigencia de responsabilidades en los casos del Nani y de Amedo. Hay que acoger, sin embargo, con satisfacción -por lo que tiene de compromiso con la búsqueda de la verdad y de apoyo a la legalidad- la decisión del Sindicato Democrático de Policía de ejercer la acción popular en el caso Amedo.

La existencia de múltiples signos -en algún caso, ya evidencias- de corrupción y de delito en las entrañas mismas de la organización estatal que tiene la misión de perseguirlos exige no sólo la intervención sin cortapisas del poder judicial, a fin de determinar las concretas responsabilidades personales. La proliferación de estas conductas individualizadas y su incidencia en los mecanismos de actuación profesional plantean, además, un grave problema de credibilidad a la institución policial. La confianza ciudadana en la policía sólo puede desarrollarse en el entendimiento de que quienes son representantes de la legalidad actúan.como tales. Por eso, si es ingenua o interesada la suposición de que sólo desde la propia policía se puede luchar contra la corrupción policial, no puede negarse que su participación en esta batalla también es necesaria. Ni el papel del poder judicial ni la crítica social eximen al Gobierno y a la policía de sus responsabilidades en el control de quienes monopolizan el uso legítimo de la fuerza en un Estado de derecho.