Miedo a 'contaminarse'.

Da igual que se trate de toxicómanos, presos o gitanos. Por una u otra causa, colectivos marginales y marginados son víctimas de la solidaridad social. La unanimidad suele ser total a la hora de reconocer la necesidad de que se mejoren las condiciones de vida de los lumpen. El pero siempre surge al elegir el emplazamiento para llevar ese principio a la práctica. El clima de rechazo social es tal que la Administración ha tenido que recurrir en algunos casos a mantener casi en secreto la localización de estos centros.

, "Es una situación absurda. Todos los partidos de oposición de Móstoles han exigido centros de atención a toxicómanos. Cuando comenzamos a instalar uno en la calle de Velázquez, los mismos partidos nos amenazaron con paralizarlas". Elena Vázquez, consejera de Integración Social apunta a una utilización por motivos políticos del miedo un tanto irracional de la gente a todo lo que tenga relación con las drogas. Actualmente, la ejecución de las obras del centro de Móstoles se lleva con toda la discrección posible para no alertar a los vecinos. La situación adquiere tintes de auténtica neurosis en Buitrago de Lozoya, lugar donde la Comunidad quiere instalar una comunidad terapéutica. Aparte de detalles macabros como la aparición de una pintada en la que Elena Vázquez aparecía ahorcada, lo grave es que al centro se oponen asociaciones de padres de alumnos de colegios de La Cabrera, Navarredonda, Rascafría, Pinilla del Valle o Braojos, pue blos situados a 30 y 40 kilómetros de distancia. "No está claro que todo se deba a la desinformación de los vecinos", explicó Elena Vázquez. "Llevamos a un grupo de alcaldes a hablar con el de Villaviciosa de Odón, donde hace cuatro años que funciona sin ningún problema una comunidad terapéutica similar, y no sirvió de nada. Parece que es más fácil dejarse llevar por la corriente en contra de la opinión pública".

Al caso de Buitrago de Lozoya hay que añadir la negativa mayoritaria de los habitantes de Soto del Real, Miraflores de la Sierra y otras localidades cercanas a la construcción de una prisión para mujeres que permitiría acabar con la situación tercermundista en la que hoy viven las reclusas de Yeserías. Los argumentos empleados para justificar el rechazo se refieren a que toda la comarca vive del turismo interior y la construcción de chalés y urbanizaciones, por lo que una cárcel no contribuiría precisamente a mejorar la imagen atractiva de la región.

El acoso moral a que se han visto sometidas las presas ha sido tal, que la casi totalidad de las 509 internas en Yeserías (a las que hay que añadir los 35 hijos de reclusas que cumplen condena con sus madres) hizo pública una carta en la que se decían cosas como éstas: "Nuestro principal problema, origen de muchos otros, es el hacinamiento. En un departamento de seis metros de ancho por 45 de largo viven, duermen, vegetan, sueñan y se amargan 69 mujeres, con tresduchas y cuatro sanitarios. La falta de intimidad es total. Las peleas, discusiones, roces, son continuos. Un centímetro cuadrado de espacio genera verdaderas batallas. Mientras unas tratan de dormir, otras escuchan sus radios, otras cantan, otras pelean, otras lloran, otras hablan dormidas; no faltan las que gritan, atormentadas por pesadillas, en un mare mágnum humano indescriptible".

La carta continúa: "Nuestro castigo se limita, por ley, a la pérdida de libertad, y no a la pérdida de nuestra condición de seres humanos, a nuestro derecho a tener intimidad y salud".

El rechazo se materializó en actos violentos en Villaverde, donde, en junio, manos anónimas redujeron a ruinas un barracón que el Plan de Prevención de la Marginación estaba habilitando como centro de reunión de los jóvenes del barrio. Los responsables del Plan habían recibido avisos de que los vecinos no querían un centro de reunión de drogadicto

Imágenes de violencia

De nada han servido las voces de personas que trabajan desde hace años con toxicómanos y marginados en general, como Fernando Galindo, de San Blas, donde se ha abierto recientemente un centro de día de atención al toxicómano; o Encarna Pinto, del centro de estudios del Proyecto Hombre, situado en pleno corazón urbano de Madrid, junto a la plaza de España, sin que en sus cuatro años de actividades haya ocurrido incidencia alguna.

María Josefa García Más, socióloga y Juan Manuel Montoya, médico de raza gitana, consideran que existe una actitud hipócrita, tanto por parte del Gobierno como por la sociedad en general, que prefieren no actuar sobre las causas reales de la drogodependencia y la delincuencia. Ambos acusan también a los medios de comunicación de fortalecer las imágenes estereotipadas de droga, muerte, sangre y violencia y, por tanto, las justificaciones consiguientes para propiciar el rechazo social.

En cualquier caso, la posición en contra de los vecinos se ha visto refrendada jurídicamente por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ratifica una anterior del Tribunal Supremo que daba la razón a un colectivo de vecinos del distrito de Chamartín que se opuso a la instalación de un centro de rehabilitación de drogadictos bajo el argumento de que dicho centro podría significar un peligro para la moral de sus hijos.