Un conflicto pendiente

J. G. El juez Baltasar Garzón afirma, en la elevación del sumario sobre los GAL a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la negativa del Gobierno y concretamente del Ministerio del Interior a facilitar datos sobre los fondos reservados "sin argumentación, y las órdenes impartidas a sus inferiores" pueden suponer "una clara falta de cooperación con la Administración de Justicia a los efectos del artículo 371 del Código Penal".

Garzón, que deja en manos de la Sala el envío al Supremo del posible procesamiento de Barrionuevo, mantiene que los datos que se solicitan no se ven afectados por la Ley de Secretos del Estado.

El magistrado explica en su análisis sobre el informe de los Servicios Jurídicos del Estado que "es a la autoridad judicial a la que corresponde valorar si ha existido actividad delictiva o no, nunca al Ejecutivo".

También añade que la decisión del Gobierno de ordenar silencio a sus inferiores fue "aparte de innecesaria, no ajustada al ordenanúento jurídico, ya que estimamos que ninguna autoridad jerárquicamente superior puede dar a un inferior una orden de silencio cuando éste está convocado como denunciado y respecto del cual pueden derivarse responsabilidades penales".

Garzón añadía: "No estamos en presencia de secreto de Estado ni de `materia clasificada7, por lo que procede investigar la eventual desviación de fondos públicos para la financión de los GAL.

El magistrado concluía señalando que, en su opinión, el ministro y sus inferiores jerárquicos están obligados a declarar, por lo que si han incumplido o incumplen una ley, "V.I. decidirá lo que proceda con arreglo a derecho". El conflicto está aún pendiente.