El alcalde asegura que el grupo socialista no había asumido antes estas posiciones por "falta de reflejos"

Juan Barranco, alcalde de Madrid, y su equipo de Gobierno cedieron ayer, en el pleno del Ayuntamiento, al ultimátum lanzado 24 horas antes por el Centro Democrático y Social (CDS) y asumieron, con ligeras matizaciones, la proposición presentada por los centristas. El Ayuntamiento, según esta propuesta, gestionará directamente y no volverá a ceder a promotores inmobiliarios privados, salvo casos excepcionales, la eliminación de las denominadas bolsas de deterioro y la realización de las grandes operaciones urbanísticas previstas, que suponen la liberación de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo en el casco urbano.

Jesús Espelosín, concejal socialista responsable de Urbanismo, recordó al CDS que el gesto político que suponía la aprobación de sus propuestas debe ser ratificado por la -aprobación, por ambos grupos políticos, de los presupuestos correspondientes que permitan su realización. El alcalde, Juan Barranco, cuya política urbanística ha estado apoyada frecuentemente por Alianza Popular, manifestó al término del pleno: "Con esta propuesta del CDS estamos en la posición en la que yo quería estar".El alcalde, ya fuera del salón de plenos, afirmó que había hablado varias veces con el portavoz centrista, Agustín Rodriguez Sahagún, sobre la mejor fórmula para gestionar el suelo que quedará liberado tras la desaparición de las llamadas bolsas de deterioro urbano. Según Barranco, ese terna ha sido discutido también en distintas ocasiones dentro del mismo grupo socialista. Sobre las razones por las qué el PSOE ha esperado a que otro grupo propusiera la gestión directa de las bolsas, Barranco aseguró: "Quizá nos han faltado los suficientes reflejos".

Jesús Espelosín reconoció en el pleno que la proposición centrista era "de alcance", aunque dejó claro que el proceso urbanístico fijado en el Plan General para la desaparición de las bolsas de deterioro había podido ser puesto en marcha gracias al compromiso presupuestarlo que alcanzaron este año el PSOE y AP.

Según la proposición del CDS, en el plazo de 30 días deberá crearse una ponencia política formada por un representante de cada partido y apoyada por los equipos técnicos para proceder a la revisión del programa de actuación del Plan General de Ordenación Urbana para los próximos cuatro años. Según la propuesta aprobada, será prioritariamente el Ayuntamiento el que ejecute las grandes actuaciones urbanísticas e instrumente su financiación. Sólo eventualmente sé acudirá a la iniciativa privada, y en ese caso se establecerán los procedimientos de control y garantía que aseguren unos precios finales para las viviendas que se construyan. Por último, se creará un órgano encargado de la planificación urbanística.

José María Álvarez del Manzano, portavoz de AP, afirmó que aceptaba el espíritu general de la propuesta. "No hemos dicho nunca que todo el sistema haya de hacerse de la misma forma, pero hay dificultades para que el Ayuntamiento acometa directamente la totalidad de las actuaciones pues ello produciría déficits. Establecer que todo lo tiene que hacer la Administración, aparte de no ser liberal, no es progresista", dijo Álvarez del Manzano. Sin embargo, AP se abstuvo al no ser aceptada la incorporación de tres propuestas que presentó hace tiempo, tendentes a revisar las competencias del consejo de gerencía y a crear un gabinete de estudios urbanísticos.