Una política fiscal municipal progresista

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el pasado 14 de octubre estaba dedicado a la revisión de las ordenanzas fiscales para 1989; es decir, la revisión de las tasas que cobra el Ayuntamiento por los servicios que presta (recogida de basuras, etcétera). Se trata de un capítulo importante de los ingresos municipales. A propuesta de AP, se debatió también el tipo de gravamen de la contribución territorial urbana (CTU).El acuerdo logrado entre el CDS y AP para congelar la totalidad de las tasas municipales y reducir el tipo de gravamen de la CTU al 13,25% condiciona muy seriamente el presupuesto municipal para 1989, particularmente en el capítulo de inversiones.

El Ayuntamiento ingresará el año próximo 17.365 millones por CTU de los 40.000 que tiene previstos dentro de la partida de impuestos municipales directos. Tal es su importancia.

El tipo de gravamen de la CTU está en el 99% de los municipios españoles en una banda situada entre el 20% y el 25%. Barcelona (PSC + IC), con el 22,9% Córdoba (IU), con el 24% Las Palmas (CDS), con el 20%; Santander (AP + regionalistas), con el 20%, y León (AP), con un 25%, son algunos ejemplos. El PNV en Bilbao (20%) y EE y EA en San Sebastián (30%) se mueven en la misma dirección.

La drástica reducción operada en Madrid en 1988 (descenso del 18% propuesto por PSOE e IU para la CTU al 14,35% impuesto por CDS y AP) y la que acaba de producirse en el último pleno (nuevo descenso al 13,25% gracias a los votos de CDS y AP) vienen a significar una reducción global de los ingresos del orden de los 12.000 millones de pesetas, si consideramos que para 1988 podría haberse aplicado un tipo de gravamen del 18% y en 1989 de un 20%, en línea con lo que están haciendo el resto de los municipios del país.

El pago de la factura

A esta valoración es preciso añadir otra de alcance mucho mayor aún, con la vista puesta en el futuro. Como consecuencia de las decisiones adoptadas en relación con los presupuestos de 1988 y 1989, ¿cuánto tiempo tardará el Ayuntamiento de Madrid en adecuar la gestión de la CTU al ritmo del resto de las corporaciones municipales del país?; sobre todo, ¿cuál será la cuantía de la factura a pagar?

Sobre la base de que no es posible pasar en un año de un tipo de gravamen del 13,25% al 25%, que en buena lógica municipalista debería aplicarse en 1990, se abre la perspectiva de un período de readaptación no inferior a 4-6 años. Esto en el mejor de los supuestos, es decir, en el supuesto de que esa adecuación se produzca. En cualquier caso, la factura que pagará Madrid como ciudad no será inferior a los 25.000/30.000 millones de pesetas a lo largo de ese proceso. No voy a decir que las decisiones políticas que están detrás de esta situación lastren el futuro de la corporación, pero condicionan de manera importante su política presupuestaria, y, por tanto, su capacidad de gasto. Y, como consecuencia, el nivel de la oferta de infraestructuras, equipamientos y servicios de la ciudad. Y al final de todo, la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos en su condición de residentes en el municipio, eso que en el lenguaje económico-urbanístico propio de la izquierda hemos denominado siempre el salario indirecto.

Los seguidores del dúo

La política tantas veces pregonada por el dúo Reagan-Thatcher de congelación de impuestos ha encontrado entusiastas seguidores en Madrid en CDS y AP. El Centro Democrático y Social, que de la mano de Agustín Rodríguez Sahagún viene desarrollando una actividad muy positiva en Madrid, se ha equivocado gravemente en este asunto.

Las consecuencias ya se ven en el proyecto de presupuestos para 1988 presentado: desaparecen, como consecuencia de las decisiones adoptadas en 1988, partidas tan importantes como las dedicadas a promoción de viviendas en alquiler; no hay programa de inversiones en el Plan de Empleo Juvenil; se revisan a la baja las transferencias, ya de por sí escasas, al transporte público...

IU defiende una política fiscal progresista en las corporaciones locales. IU defiende la elaboración de presupuestos expansivos para 1989, lo que significa que han de aumentar los ingresos, vía transferencias del Estado a los Ayuntamientos, vía impuestos municipales y vía endeudamiento. La fiscalidad municipal debe ser moderada, pero suficiente para cubrir los déficit de equipamiento existentes, las obras de infraestructura aún necesarias y el mantenimiento de un buen nivel de servicios en la ciudad. Todo con una perspectiva favorable a la redistribución de la renta en beneficio de los sectores sociales más necesitados.

Los Ayuntamientos de izquierda han venido moviéndose en esa dirección desde 1979. En ese mismo camino siguen los alcaldes actuales de IU. Lo lógico sería proceder a una revisión anual de las tasas en torno al IPC previsto y situar para 1989 el tipo de gravamen de la CTU entre el 20% y el 25%.