El retraso en la autorización de dos centrales térmicas enfrenta a los Gobiernos central y canario

El Gobierno de Madrid, a través del Ministerio de Industria y Energía, y el Gobierno canario protagonizan un duro enfrentamiento como consecuencia de la decisión canaria de retrasar la autorización de construcción de dos centrales térmicas, que suponen una inversión en las islas de más de 100.000 millones de pesetas. Madrid mantiene que si el Gobierno autónomo retrasa más tiempo los permisos administrativos, Canarias puede quedar mal abastecida de energía eléctrica y agua potable a partir de 1991.

El secretario general de la Energía, Víctor Pérez Pita, hizo unas declaraciones públicas la semana pasada advirtiendo de los riesgos de desabastecimiento en el que incurrirían las islas de persistir la actual situación. "Más grave es que se produzcan apagones a construir las centrales", declaró Pérez Pita ante las acusaciones del Gobierno canario, en el que los socialistas están en la oposición, de que las centrales, al estar previsto que sean de carácter mixto y puedan quemar indistintamente carbón de importación y fuel, eran contaminantes y un peligre, para el equilibrio ecológico y turístico de Canarias.Pérez Pita negó que las centrales -que incorporarán los sistemas anticontaminantes más modernos que existen, incluso superiores a los que posee la central que la empresa GESA tiene en Alcudia (Mallorca), muy próxima a centros turísticos- sean una amenaza al equilibrio ecológico de las islas y señaló que la insularidad canaria, y su natural lejanía de centros de suministros de carburantes, impide que se utilicen otros sistemas de combustión para las dos centrales previstas.

La polémica sobre la construcción de las nuevas centrales canarias surgió con motivo de la suspensión por el actual Gobierno canario (una coalición entre Alianza Popular, CDS y partidos insulares) del Plan Energético Canario (Pecan) en abril del año pasado, aprobado por el anterior Gobierno socialista autónomo dentro de la filosofía del Plan Energético Nacional (PEN 83) y las recomendaciones de la Comunidad Europea. El nuevo Gobierno prometió revisar este plan y dar una solución inmediata al problema de las nuevas centrales.

Sin instrucciones

Año y medio después, la empresa eléctrica canaria Unelco, una filial de Endesa, aún no ha recibido indicaciones claras, y menos los permisos administrativos correspondientes, para iniciar la construcción de estasdos centrales térmicas, que el presidente de la sociedad, Antonio Castellano Auyanet, considera de urgente iniciación, habida cuenta del largo período de maduración (cinco años) de la inversión prevista, 50.000 millones de pesetas por cada central.El Gobierno autónomo canario, a través de su consejero de Industria, Manuel Fernández, de Alianza Popular, ha sugerido que el retraso se debe a que se están considerando otras opciones menos contaminantes, tales como la de autorizar dos centrales de gas natural. El presidente de la comunidad canaria, Fernando Fernández, prometió la semana pasada, tras una entrevista con el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia "una pronta solución a esta cuestión".

El presidente de Unelco coincide con Pérez Pita en que el retraso en la autorización de las centrales es un riesgo para el futuro suministro de energía eléctrica y agua potabilizable para las islas Canarias. "La demanda eléctrica crece a un ritmo del 13% acumulado anual en la comunidad, y la de agua, en proporciones muy parecidas. Si se tiene en cuenta que más de un tercio del agua que se consume en la isla se potabiliza por medio de energía eléctrica, no sabemos lo que puede pasar si para 1992-1993 las centrales no están listas. Es una cuestión de tiempo", afirma Castellano.

Suministro

El alto directivo de la empresa eléctrica considera inapropiada la idea de instalar centrales térmicas que utilicen gas natural. "Eso forzaría a construir dos plantas de regasificación, una en Gran Canaria y otra en Tenerife; dependeríamos de una fuente energética de la que existen pocos suministradores, y en caso de corte en el suministro no podríamos hacer funcionar la central. Con el carbón importado, que es menos contaminante que el nacional, y con el fuel estamos mejor cubiertos", añade.Castellano opina que las centrales de gas atentarían contra varias directivas energéticas de la CE, que desaconsejan utilizar un carburante del que no se tienen, al menos, fuentes autóctonas de suministro.