Matización de Fernando Arias-Salgado

El editorial del día 20 de octubre titulado Los frufrús de Pilar confirma una tradición ininterrumpida desde los primeros albores de la transición democrática en España: con razón o sin ella, el destino manifiesto de todo director general de RTVE es ser sacrificado en la plaza pública en una ceremonia cuya espectacularidad mayor o menor depende de la coyuntura política y de los participantes de la ejecución.Mi caso tuvo una repercusión especial por la intervención personal de Felipe González, Alfonso Guerra, Gregorio Peces-Barba y de Federico de Carvajal en el procedimiento administrativo. La ofensiva política en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación contra mi gestión en 1980 fue completada con una querella criminal ante el Tribunal Supremo. Por razones que todavía ignoro, la dirección del PSOE tomó una medida que transformaba cualitativamente un debate político sobre la gestión de un director general en una cuestión judicial que incidía directamente sobre la honorabilidad personal de un cargo público y defacto significaba la utilización de los tribunales de justicia como instrumento para obtener un objetivo político.

Dice el editorialista con acierto que "esa querella fue política", que "el juicio nunca se vio", que "el caso fue sobreseído", pero que mi honorabilidad "sufrió un daño irreversible". Para completar esas apreciaciones, me permito añadir dos hechos que pueden ayudar a los lectores a valorar las consecuencias que ha tenido esa operación política.

Así, los querellantes, con el señor González a la cabeza, mantuvieron viva esa querella durante siete años, es decir, dos años desde la oposición y cinco desde el Gobierno, concretamente hasta el 22 de julio de 1987 en que la Audiencia Provincial de Madrid, en auto de fecha 22 de julio de 1987, decidió el sobreseimiento del caso, basándose en que "de ninguno de los informes periciales, por demás prolijos y meticulosos, practicados en la causa se desprenden indicios racionales -ninguno de ellosque dieran motivo, por virtud de las respectivas querellas, a la formación de la presente causa". Y añade la Sala que, si bien es cierto que del dictamen pericial correspondiente se desprende la existencia de "ciertas deficiencias e irregularidades desde la perspectiva contable, no es menos cierto que en parte alguna de su denso y detallado informe técnico aparecen indicios de que algunos de los querellados se haya apropiado o haya distraído o malversado propia o impropiamente cantidad alguna, lo que, por otra parte, no aparece asimismo en ninguna otra de las diligencias probatorias practicadas".

Por tanto, señor director, aunque con cierta dilación, la justicia sí ha reparado en su ámbito el daño sufrido por mi honorabilidad. La irreversibilidad del daño tiene más bien un ámbito social y su reparación depende del grado de difusión en los medios de comunicación de ésta o de otras decisiones, judiciales similares. EL PAÍS se: hizo eco destacadainente en su día de este auto y su publicación tuvo un efecto positivo y reparador que agradecí sinceramente.

En cambio, el silencio de los, querefiantes fue clamoroso, quizá porque frente a la rotunda desestimación de la justicia de las acusaciones contra mí y mis colabora.dores se prefirió hacer bueno ese dicho popular, desgraciadamente tan arraigado en nuestra sociedad: "Calumnia, que algo queda...".

No era ésta, en verdad, la actitud que hubiera podido esperarse de unas personas que hoy ostentan los cargos de presidente y vicepresidente del Gobierno español.-