Policías espías

LA PETICIÓN de procesamiento de Jesús Martínez Torres, comisario general de Información, y Alberto Elías Hernández, comisario jefe de la desaparecida Brigada del Interior, en relación con el caso del espionaje a partidos políticos, así como la apreciación judicial de indicios racionales de criminalidad en la conducta tanto de sus subordinados como de sus superiores en el Ministerio del Interior, reabre judicialmente uno de los asuntos más nauseabundos de la transición democrática española. Y, como sucede con los casos del Nani y de Amedo, pone sobre el tapete el espinoso tema de los límites legales en que deben desenvolverse las tareas policiales.La decisión del juez Vázquez Honrubia -instructor de este sumario, abierto a principios de 1985, archivado pocos meses después tras el extraño carpetazo dado al mismo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y nuevamente reabierto a instancias de los partidos políticos espiados (AP, PCE y PDP)- es un nuevo y valioso ejemplo del papel que en una democracia le incumbe al poder judicial. A la postre, ni los obstáculos de todo tipo puestos a la investigación judicial desde las áreas oficiales ni la toma de posición del propio Tribunal Supremo han sido suficientes para paralizar la acción de la justicia ante el tenaz requerimiento de su amparo por parte de los partidos políticos que consideran pisoteados sus derechos constitucionales. Y, como no podía ser menos, el asunto vuelve a plantearse exactamente en los mismos términos que en su principio.

Al extender los indicios de criminalidad a los subordinados y los superiores jerárquicos administrativos y políticos de Martínez Torres y de Elías, el juez Vázquez Honrubia traspasa a la Audiencia Provincial de Madrid la responsabilidad de determinar exactamente hasta dónde puede alcanzar esta imputación y de adoptar, en su caso, las iniciativas procesales que correspondan. Porque, por lo que deja entrever su resolución, el juez Vázquez Honrubia considera que los nuevos datos recopilados en la segunda fase de su investigación sobre el espionaje a los partidos políticos refuerzan los indicios sobre la existencia de un entramado policial montado para la obtención ilegal de informaciones. Así, queda acreditado que estas informaciones no sólo se nutrían de análisis de noticias publicadas en la Prensa, como pretendían hacer creer los responsables policiales, sino de colaboradores infiltrados en los partidos, "cuyos servicios eran retribuidos por medio de fondos reservados de la policía".

Rafael del Río, antiguo director de la Policía, declaró en su día ante el juez Vázquez Honrubia que el espionaje de los ciudadanos constituye el núcleo de las funciones policiales en un sistema democrático, «según concepto universal y moderno de un Estado de derecho". Ahora el juez replica que no' alcanza a comprender cuál sea el concepto universal y moderno de un Estado de derecho que ampara el espionaje policial de partidos legales y pide a la Audiencia Provincial de Madrid que explicite qué debe entenderse por «seguridad del Estado" en relación con este supuesto. Y es que éste es el verdadero meollo de la cuestión, que aflora en este caso y en tantos otros en los que se pone en cuestión ante la justicia la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. No se trata de enfretamientos entre poderes o de animadversiones judiciales, como algunos pretenden. Lo que ocurre es que las amplias áreas de impunidad que han existido en determinados sectores del aparato estatal se hacen cada vez más restringidas. Sería minimizar el papel constitucional de los jueces si se redujera sólo a los conflictos surgidos entre particulares o a la aplicación del derecho al ciudadano corriente. Antes bien, la potestad jurisdiccional alcanza su máxima expresión cuando se ejerce sobre el propio Estado y sobre su aparato coercitivo. Este control no impide las actividades en defensa del Estado a condición de que se ejerzan dentro de la legalidad constitucional. Y mientras no se entienda por todos, y en primer lugar por el Gobierno, que esto es así y que así debe ser, no se podrá impedir que se piense que algunos ciudadanos privilegiados pretenden jugar con ventaja.