AP y los comunistas piden que se procese a Martínez Torres por el 'espionaje político'

El Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP) han solicitado al juez José María Vázquez Honrubia, instructor del sumario del llamado espionaje policial a los partidos, que pida a la Audiencia Provincial el procesamiento de los comisarios Jesús Martínez Torres y Alberto Elías -jefes de la Comisaría General de Información y de la Brigada de Información Interior, respectivamente- y del inspector Manuel Sanmamed. Vázquez Honrubia dictará un auto sobre esta cuestión en los próximos días.Los abogados de ambos partidos consideran que los tres citados han podido incurrir en un delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, según el cual serán condenados a una pena de arresto mayor "quienes impidieren u obstaculizaren el legítimo ejercicio de la libertad de, asociación o de alguna manera perturbaren gravemente las actividades estatutarias de cualquier asociación lícita".

En el mismo artículo se agrega que "las penas se impondrán en su máximo grado cuando el impedimento, obstáculo o perturbación afectare al pluralismo político o sindical".

Además, los dos partidos afectados argumentan que también existen indicios para procesar a Martínez Torres y a Elías por otro presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, ya que de los departamentos bajo responsabilidad de esos policías desaparecieron o fueron destruidos los libros de registro de entrada de documentos oficiales sobre actividades de partidos políticos.

Ahora, el juez dictará un auto en el que expondrá sus tesis sobre la conveniencia o inconveniencia de procesar a los policías. En caso afirmativo -tesis calificada como "la más probable" en medios judiciales-, tendrá que solicitar el procesamiento a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que ' al ser policías, gozan de un fuero especial.

El sumario sobre el espionaje político se inició en mayo de 1985. Meses después, Vázquez Honrubia se dirigió al Tribunal Supremo, por entender que había indicios para procesar a miembros del Gobierno, como el entonces titular del Interior, José Barrionuevo. La respuesta del Supremo fue negativa y el juez instructor decidió archivar el caso, pese a considerar que la policía había realizado informaciones sobre actividades internas de partidos.

Esa decisión del juez fue recurrida por los partidos a la Audiencia Provincial, que ordenó al juez la reapertura del caso no ya para dilucidar si la policía había espiado a los partidos políticos, sino para conocer si en ese tipo de prácticas se habían utilizado métodos ilegales.