El Gobierno refuerza las garantías para los policías expedientados
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha reforzado las garantías jurídicas a los policías sobre los que pese un expediente o investigación, según el último proyecto del futuro reglamento disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. El texto destaca, desde su preámbulo, la garantía de la "presunción de inocencia" de los agentes ante cualquier instrucción administrativa.
El contenido del futuro real decreto, estudiado actualmente en el Consejo de la Policía, ha sido calificado de "duro" por fuentes policiales, que han destacado, no obstante, el aumento y mejora en las garantías y medidas cautelares de las que gozarán en un futuro inmediato los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Entre los principios del nuevo régimen disciplinario de la Policía figurará el de "presunción de inocencia" y "audiencia e información al interesado", equiparados a los de jerarquía, disciplina y celeridad.
La inclusión de la "presunción de inocencia" ha supuesto una variación respecto al borrador elaborado por el Ministerio del Interior en los pasados meses de junio y julio. Desde ese borrador hasta el proyecto enviado ahora al Consejo de la Policía se ha producido la sentencia por la desaparición del Nani, que originó un cierto malestar en medios policiales.
El futuro real decreto aumenta el número y consideración de las faltas "muy graves" y "graves". Así, incluye la posibilidad de expulsar del cuerpo al agente que cometa torturas o tratos denigrantes a los detenidos. También podrán ser separados definitivamente los policías que se embriaguen o droguen estando de servicio o fuera del mismo si es de forma habitual. Otra novedad del proyecto es que los gobernadores civiles podrán sancionar a los agentes.
El proyecto será aprobado por el Consejo de la Policía a finales de este mes o a principios de noviembre. Sin embargo, hasta su definitiva promulgación por el Consejo de Ministros pasarán todavía bastantes meses, ya que, han de ser oídos el Ministerio para las Administraciones Públicas y el Consejo de Estado.
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