400 familias de Las Rozas, obligadas a recurrir a pozos de dudosa potabilidad

Más de 400 familias de la urbanización Entremontes, en Las Rozas, están afectadas desde el pasado martes por el corte de agua que el Canal de Isabel II ha realizado en la zona, ya que, según los afectados, no cumplen con los requisitos exigidos para la contratación del suministro. El Canal asegura que el corte se debe a que el contrato firmado con la junta de compensación ha vencido y está dispuesto a hacer un nuevo contrato, pero sin hacerse cargo del mantenimiento de la red mientras no se realicen las reformas exigidas.

Ahora los vecinos están recibiendo el agua de unos pozos de dudosa potabilidad y que no llega con suficiente presión a las viviendas. Los pozos pertenecen a la junta de compensación del polígono. Los vecinos se manifestaron el martes por las calles de la localidad y se entrevistaron después con el alcalde del municipio, Jesús Zúñiga Pérez-Lemaur (PSOE). Zúñiga, según los vecinos, se ofreció como mediador entre los afectados y el Canal de Isabel II para solucionar el problema e incluso ofreció financiar las obras de reforma de la red.Roque Gistau, gerente del organismo de aguas, asegura que el corte se debe a que el contrato firmado en su día con la junta de compensación ya ha vencido y no a la carencia de una red adecuada. "Ahora estamos dispuestos a hacer un contrato individual con cada vecino, pero con una objeción: si no adaptan la red a la normativa no nos hacemos cargo de su mantenimiento". "Además, están mezclando agua de nuestra red con otra procedente de pozos y eso está prohibido", añadió. La junta de compensación y el Canal de Isabel II firmaron un acuerdo en julio para suministrar agua a las urbanizaciones hasta el 30 de septiembre. Durante este tiempo los vecinos y las instituciones implicadas deberían haber realizado las obras exigidas.

Los vecinos de tres comunidades afectadas han anunciado su intención de presentar una denuncia ante los tribunales de justicia contra la junta de compensación y el Canal de Isabel II. Los vecinos ya denunciaron en agosto al Ayuntamiento y a la empresa Manrosan, promotora de las urbanizaciones, ante la Dirección General de Consumo, ya que las viviendas fueron entregadas con la correspondiente cédula de habitabilidad sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.