Brasil y sus militares
Ningún tema le está vedado a la contagiosa musicalidad de los brasileños, y uno de los más frecuentados por sus compositores o por la improvisación popular es la política y sus tumultos. Cuando fue inaugurada la nueva capital, Brasilia, la samba Novacap celebró sus virtudes. Los habitantes despechados de la vieja capital, Río de Janeiro, no se hicieron esperar: la samba se llamó Belacap. A la nueva, opusieron la hermosa. En estos próximos días, los brasileños bailarán en las calles al ritmo de alguna samba, o varias, celebrando la nueva Constitución que jurarán el 5 de octubre.El acontecimiento ocupará poco espacio en la Prensa mundial porque ese mismo día toda la atención quedará centrada en el plebiscito chileno. Pero vale la pena detenerse en algunos aspectos de la séptima Constitución que se ha dado en Brasil desde que conquistó su independencia de Portugal en 1822.
Durante 19 meses trabajaron los miembros de la Asamblea Constituyente para producir un documento centrado en el respeto al ciudadano. Y en este sentido ha avanzado más allá de cualquier antecedente que exista en la sociedad moderna. Sin decir que ha superado todo lo soñado en Latinoamérica. Pero sus audacias en el campo de los derechos ciudadanos y humanos conviven con sugestivas contradicciones en cuanto a la institucionalización del rol de las Fuerzas Armadas en una democracia política.
Es una ironía que algunas semanas previas a su promulgación, Amnistía Internacional haya difundido en Londres un documento titulado Brasil: violencia autorizada en áreas rurales, en el cual se denuncia la connivencia del Gobierno con el asesinato de más de 1.000 trabajadores rurales que se oponían a que los ejércitos privados de los terratenientes se apoderaran de sus tierras. La respuesta del Gobierno brasileño ha sido lamentable. El ministro de Justicia declaró que Amnistía Internacional no es un organismo idóneo. El portavoz del presidente Sarney expresó que las dimensiones del país y el avance de las fronteras agrícolas pueden producir una carencia en la penetración de la justicia.
El avance de las fronteras agrícolas no es la enunciación de un proyecto de ampliación de zonas cultivadas sobre la base de cooperativas agrícolas, tecnificación de las pequeñas explotaciones, créditos para campesinos, construcción de carreteras para romper el aislamiento de los pequeños productores. En Brasil el concepto de "avance de las fronteras agrícolas" implica permiso a los terratenientes de exterminar a las tribus indígenas y someter al campesinado independiente.
Sin embargo, hay muchos motivos para bailar en las calles de Brasil el próximo miércoles 5 de octubre. La séptima Constitución establece que son crímenes no excarcelables la tortura y el tráfico de estupefacientes, y es criminal "la acción de grupos armados civiles o militares contra el orden institucional y el Estado democrático". Queda prohibida toda forma de censura y de ocultamiento de las informaciones que el Gobierno posee sobre cada ciudadano. El habeas-data es un derecho novedoso en Latinoamérica, continente donde dictaduras y democracias no lograron penetrar en los archivos de sus servicios de inteligencia. En Brasil, a partir del 5 de octubre, todo habitante tendrá derecho a conocer los datos que figuren en cualquier archivo nacional, incluido el Servicio Nacional de Informaciones.
Las hermosas frases de la nueva Constitución parecen el sueño realizado de un jacobino de la Revolución Francesa: el derecho de huelga es irrestricto, incluidos los sectores esenciales y los servicios públicos; el derecho al voto comienza a los 16 años y la jornada de trabajo es de 44 horas semanales.
Uno de sus puntos puede parecer banal a quienes no viven en Latinoamérica: la lucha contra la especulación financiera. Los intereses reales han sido fijados en un máximo del 12%. Pero la primera gran derrota de los sectores progresistas se produce en lo que se refiere a la tenencia de la tierra, precisamente el ámbito de la denuncia de Amnistía Internacional. La Unión Democrática Ruralista, defensora de los intereses de los terratenientes, obtuvo una cláusula por la cual quedan prohibidas las expropiaciones de tierras consideradas productivas. La estimación de cuándo una tierra es productiva o no quedará en manos de una burocracia que, sin duda, no controlarán los pequeños productores o los campesinos. La reforma agraria quedó postergada sine die en un país donde la producción de alimentos se está convirtiendo en el más impresionante negocio de su historia.
El sociólogo Alfred Stepan, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la universidad de Columbia, en Nueva York, comienza con una sugestiva frase su libro Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado. Dice Stepan: "Para Max Weber, el monopolio del uso legítimo de la fuerza es parte de la definición misma del Estado moderno. Para los sistemas políticos que aspiren a ser democracias, debe ser socialmente construido, constantemente reconstruido y continuamente puesto en práctica un complejo rango de normas, instituciones y prácticas, de modo que tal sistema político democrático dé forma, y controle en los hechos, a los medios de fuerza, que son una parte intrínseca tanto de su estatalidad como de su democracia".
El gran interrogante que se abre al leer la nueva Constitución brasileña gira en torno al rol que le otorga a los militares. Los legisladores lograron suprimir el Consejo de Seguridad Nacional, pero la Constitución explicita que corresponde a los militares defender la ley y el orden. Y esto puede perturbar el desarrollo democrático de Brasil cuando comiencen a contraponerse las diferentes interpretaciones sobre los límites de este derecho constitucional de los militares. Si bien desapareció el Consejo de Seguridad Nacional, la Constitución consagra un Consejo de la República integrado por dos representantes del presidente, dos del Senado y dos de la Cámara de Diputados que ayudará al presidente en "cuestiones relevantes para la estabilidad democrática". Pero los ministros militares tienen su propio organismo, el Consejo de Defensa Nacional, al cual quedan subordinadas las policías militares estatales. Precisamente las que colaboran con los terratenientes en el avance de las fronteras agrícolas, según la denuncia de Amnistía Internacional. Denuncia que el Ejército brasileño se negó a comentar por no conocer oficialmente el documento difundido en Londres.
Las nuevas democracias que surgieron en el Cono Sur de Latinoamérica en el último quinquenio se han encontrado con el problema de la incorporación de sus fuerzas armadas a una sociedad legal después de años de dictadura. Las soluciones intentadas en Argentina, Brasil y Uruguay han dejado zonas grises. Su instrumentación futura por los golpistas militares dependerá, más que de la ley escrita, de la organización y fortaleza de los partidos políticos democráticos.
Sobre el tema, dice Alfred Stepan: "Los problemas del manejo de la fuerza y la violencia en una democracia establecida hace tiempo son dificultosos; dichos problemas son más difíciles aún en sociedades que se hallan en proceso de redemocratización". Y agrega: "... las fuerzas armadas continúan con frecuencia representando un componente crucial en la política, al ofrecer, de modo implícito o no, una amenazante alternativa a la democracia".
