Dos policías, expedientados por realizar la detección de escuchas telefónicas para un semanario

La Dirección General de Policía ha expedientado a un inspector y a un policía básico del Cuerpo Nacional de Policía como sospechosos de ser los que, por encargo de una revista, realizaron la investigación sobre las presuntas escuchas telefónicas ilegales sufridas por Adolfo Suárez y otros líderes políticos. Estos agentes utilizaron para su trabajo, según ha reconocido uno de ellos, un aparato sacado de las dependencias donde prestaban servicio. Los dos agentes, uno de ellos un veterano sindicalista, pueden ser acusados de una falta "muy grave" según fuentes policiales.

Los dos funcionarios supuestamente implicados en el caso son el agente Miguel Terrón Berrocal, conocido dirigente sindical, y el inspector José Luis Álvarez, según fuentes policiales. Ambos han asegurado que son accionistas de la empresa de seguridad Tepol, encargada por el semanario Tiempo de realizar las comprobaciones sobre los pinchazos telefónicos a partidos políticos.Tras las denuncias efectuadas a través del reportaje periodístico, el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, ordenó una investigación que llevó a la conclusión de que al menos dos funcionarios eran socios de la empresa contratada para la detección de escuchas. Posteriormente, según fuentes próximas al caso, la Dirección de la Policía creyó reconocer a Terrón en una de las fotografías publicadas en la revista, pese a que aparecía con una tira negra en los ojos para ocultar su identidad.

El Servicio de Transmisiones, dependiente de la División General de Gestión Técnica, llegó a sospechar que algunos de los aparatos empleados en el barrido de las líneas telefónicas procedía del material propiedad del Estado que utiliza dicha unidad policial. En ese caso, tal material habría sido retirado por los implicados "sin autorización de sus jefes".

El Servicio de Transmisiones y la Comisaría General de Información, encargados de la investigación, tomaron declaración a los dos funcionarios. "Uno de ellos manifestó", según fuentes oficiales, "que uno de los aparatos empleados, un osciloscopio, lo habían sacado de los talleres policiales para efectuar unas reparaciones de carácter privado". El aparato lo reintegraron el pasado día 21 "a petición de sus superiores".

Separado del servicio

Contra ambos funcionarios, que prestaban servicio en el Grupo de Radio del Servicio de Transmisiones, se ha abierto un expediente "para depurar posibles responsabilidades". Terrón ha sido suspendido en sus funciones, mientras que la Dirección General de Policía no ha adoptado aún ninguna determinación sobre Álvarez.Terrón se presentó a las elecciones del Consejo de la Policía por la Asociación Síndical Independiente de Policía (ASIP), de la que era secretario general. Este sindicato no obtuvo representación.

Un portavoz oficial aseguré que en los expedientes personales del inspector y del policía no consta que se hallen en posesión de título o cualificación profesional que les faculte para emitir dictámenes técnicos del tipo de los efectuados por encargo". Su trabajo habitual, según las mismas fuentes, "consiste en efectuar reparaciones elementales en las emisoras de los radio patrullas".

La Dirección General de Policía ha informado de los hechos al juzgado de Instrucción número 9, donde el CDS presentó denuncia por las escuchas. También se ha dado cuenta al semanario Tiempo " por si pudiera sentirse perjudicado por la actuación de estos funcionarios".

El director del semanario, José Oneto, declaró ayer a la Cadena SER que se contrató a la empresa Tepol tras consultar con diversas firmas del sector y que la revista desconocía la condición de policías de los dos implicados. Oneto agregó que la investigación realizada era correcta, ya que se ha contrastado por otros análisis.

Interior también ha informado al fiscal encargado del caso de las escuchas telefónicas, " por si pudiera servir de auxilio a la investigación" o si la conducta de Terrón y Álvarez fuera constitutiva de delito.

El dictamen emitido por los expertos contratados por la revista sostenía que estaban pinchados, entre otros, los teléfonos de Adolfo Suárez, José Ramón Caso (presidente y secretario general del CDS, respectivamente) y Antonio Gutiérrez, secretario general de CC OO. Fuentes policiales comentaron que tal dictamen "carece de fiabilidad" a la vista de la escasa cualificación profesional de quienes presuntamente lo realizaron. La supuesta actividad de los dos agentes puede ser considerada como "una falta muy grave", que, en caso de confirmarse, supondría una suspensión de empleo de entre 3 y 6 años de duración e, incluso, la expulsión del Cuerpo.