Telefónica reconoce que no puede garantizar la inviolabilidad de los sistemas utilizados en su red

La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) no puede garantizar la inviolabilidad de los sistemas utilizados en su red y, por tanto, no puede evitar en determinados casos que algunos teléfonos sean pinchados o intervenidos ilegalmente, según admitió ayer un portavoz de la empresa. El presidente de la compañía, Luis Solana, se puso ayer en contacto con diversos políticos cuyos teléfonos pueden haber sido pinchados recientemente y les ofreció los servicios técnicos de la empresa para inspeccionar y verificar si realmente están intervenidos sus sistemas telefónicos.

El citado portavoz señaló que la red telefónica española "es vulnerable, como las de todo el mundo", especialmente frente a los avanzados sistemas electrónicos empleados para intervenir conversaciones telefónicas. En muchos casos, esos pinchazos pueden realizarse sin dejar huella alguna, ya que la intervención se realiza a distancia, sin manipulación de cable alguno. "Esas cosas existen", comentó. Agregó que, "obviamente", son muchos los profesionales de servicios de información, investigadores privados o delincuentes que pueden disponer con facilidad de medios técnicos para intervenir teléfonos.Por su parte, un investigador privado con experiencia en ese tipo de actividades señaló que ya existen en el mercado sencillos sistemas para pinchar teléfonos, "y es posible que se puedan captar". Precisó que sólo personas con muy escasa experiencia emplean todavía medios "que dejan huella". Para este investigador privado, las variaciones de tensión en las líneas telefónicas no suponen una prueba de que el teléfono esté intervenido, ya que esas variaciones las puede originar la propia red o cualquier tipo de aparatos conectados a ella, como contestadores automáticos o teléfonos sin hilos.

Javier Nadal, delegado del Gobierno en la CTNE, difundió ayer un comunicado en el que se afirma que ni en la delegación ni en la propia compañía se han recibido mandamientos judiciales para practicar escuchas a ninguno de los ciudadanos citados en su último número por la revista Tiempo entre las personas que pueden tener intervenidos sus teléfonos. "La Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica ha ordenado a esta compañía realizar investigaciones para comprobar de manera fehaciente si existen en realidad esas supuestas escuchas telefónicas", agrega el comunicado.

El presidente de la compañía, Luis Solana, mantuvo conversaciones con la mayoría de las personas citadas en la mencionada revista y les ofreció los servicios de la empresa para practicar inspecciones en sus teléfonos y comprobar si existen o no pinchazos. "Nosotros también estamos indignados si de verdad existen intervenciones ilegales", señaló el portavoz de la compañía.

Por su parte, Adolfo Suárez, presidente del Centro Democrático y Social (CDS) -citado en la publicación- calificó de "absolutamente intolerable" la posible comprobación de que su teléfono está intervenido. Alberto Ruiz Gallardón, vicepresidente de Alianza Popular (AP), destacó que la presunta existencia de escuchas telefónicas pone de relieve "la responsabilidad del Gobierno, a la vez que su incapacidad, para impedir que se conculque un derecho elemental como es el secreto de las comunicaciones".

La oferta de Solana para inspeccionar los teléfonos supuestamente pinchados fue aceptada ayer por el CDS -también se inspeccionarán los teléfonos usados por Suárez y José Ramón Caso-, el PCE, Pablo Castellanos, CC OO, el abogado José Mario Armero y otros. La Telefónica señaló ayer que los resultados serán comunicados a los interesados y al delegado del Gobierno en la compañía. Por su parte, la Dirección General de la Policía indicó a media tarde que ninguna persona había presentado denuncia alguna al respecto.

Como en anteriores ocasiones en que han sido denunciados casos de escuchas telefónicas, la CTNE informó que la empresa sólo autoriza intervenciones ordenadas por las autoridades judiciales.

Denuncias en Euskadi

De otro lado, Inasio Oliberi, secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), manifestó ayer que él y su partido dudan de que el Gobierno Vasco esté dispuesto a investigar a fondo el intento de escuchas telefónicas ilegales de que fue víctima hace dos años el ex lehendakari y líder de ese partido, Carlos Garaikoetxea, informa desde San Sebastián .Oliveri agregó que el testimonio prestado por el ertzaina que declaró ante el juez haber actuado siguiendo las órdenes de sus superiores certifica las sospechas de que este cuerpo policial ha sido utilizado por el PNV en acciones ilegales. "Aquí no pasa nada", dijo Oliveri, después de apuntar que escándalos de este tipo habrían hecho tambalearse a otros gobiernos occidentales.