Los presidentes de Ias audiencias territoriales temen que no podrá evitarse el colapso de los juzgados.

La aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 12 de julio, que permite recusar al juez que haya participado en la instrucción de la causa, provocará un colapso en la justicia penal que no podrá remediar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo estiman varios presidentes de audiencia territorial consultados, que el próximo martes se reunirán con representantes del CGPJ para estudiar el problema. Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, vaticina "un año catastrófico para la justicia penal" y calcula que sólo se podrá celebrar el 10% de las vistas orales.

Auger denunció la imprevisión gubernamental ante una sentencia anunciada y cuyos efectos ya fueron advertidos por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, en la Memoria del año judicial elevada al Gobierno, en presencia del Rey, el 14 de septiembre de 1987. Por su parte, Juan Bautista Pardo, presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao, coincidió con estas preocupaciones y mostró su escepticismo ante la falta de atribuciones del CGPJ para solucionar "el caos añadido", dijo, "a la ya crítica situación de la Administración de justicia".Claudio Movilla, presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, rechazó la solución que, al margen de los pretendidos remedios de emergencia, intenta dar el Gobierno al problema, mediante la atribución al Ministerio Fiscal de las actuales funciones instructoras de los jueces penales, y pidió un debate público sobre la futura ley. En una posición más moderada, José Antonio Somalo, presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, pidió que "no cunda el pánico" y apeló al "espíritu constructivo" para solucionar los problemas planteados.

Los primeros presidentes citados consideraron que ante las previsibles abstenciones judiciales masivas, el CGPJ no puede ofrecer soluciones eficaces, dadas sus escasas competencias y su incapacidad para derogar preceptos de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el que exige que cada abstención sea estudiada por la sala de gobierno de la audiencia territorial correspondiente. En cambio, Somalo estimó que "no es el momento para lamentaciones" y que, hasta tanto se tramita un proyecto de ley, "con lo que tenemos a mano y con buena voluntad, se pueden alcanzar soluciones".

Soluciones "de emergencia"

Carlos Climent, presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, estimó, por su parte, que el problema es muy trascendente y que las únicas soluciones eficaces serán las que realice el poder legislativo, mediante una reforma del proceso penal. En cuanto a las soluciones "de emergencia", Climent propuso, entre otras fórmulas para evitar las abstenciones masivas, que el juez conceda un plazo a las partes para que puedan recusarle y, en caso de no ser recusado, juzgue y falle.

Recabada la opinión del Ministerio de Justicia sobre el previsible colapso judicial, su portavoz, Javier Torrontegui, manifestó que "existen medidas en la LOPJ para que no se produzca una paralización de los juicios, para lo que se espera la colaboración de los jueces y de las salas de gobierno de las audiencias territoriales". Admitió que sí son previsibles retrasos y anunció que el departamento ultima el proyecto de ley de reforma del proceso penal para enviarlo a informe del CGPJ, antes de su aprobación por el Gobierno y posterior tramitación.

Por su parte, el portavoz del CGPJ, José Luis Calvo, manifestó que la reunión convocada por el Consejo para las 11 horas del próximo martes, 6 de septiembre, en un hotel madrileño, tiene como objeto recabar el parecer de los 16 presidentes de audiencias territoriales sobre el problema planteado, así como la información obtenida de sus respectivas juntas de jueces. Calvo reconoció que el CGPJ no tiene competencia para "imponer una solución", dijo, "aunque sí para impulsar un criterio general ante las abstenciones masivas de jueces".

En todo caso, los acuerdos los adoptará el pleno del CGPJ. Calvo opinó que no es probable que haya decisiones en el pleno del próximo día 7, si bien estimó que probable un pleno extraordinario sobre esta materia, a fin de que antes de la solemne sesión de apertura de los tribunales, que se celebrará el 14 de septiembre, estén ya en marcha los remedios para evitar el colapso.