El magistrado pasa a la Audiencia las respuestas de José Barrionuevo

El juez Garzón ha elevado también a la Audiencia las respuestas del ahora ministro de Transportes, José Barrionuevo. El magistrado, que no pide que se procese al ministro, hace un extenso razonamiento jurídico en contra del informe aportado por los servicios jurídicos del Estado y de Barrionuevo para no informar sobre los fondos reservados. Garzón, en la providencia, considera que la negativa del ministro podría "constituir una falta de colaboración con la Administración de justicia". El magistrado deja en manos de la Sala Tercera de lo Penal cualquier decisión sobre las declaraciones del ministro. Garzón afirma que "no estamos en presencia de secreto de Estado ni de materia clasificada", por lo que estima que el ministro y sus inferiores jerárquicos están obligados a responder, "por lo que, si lo ha incumplido o lo incumplen, V. I. decidirá lo que proceda con arreglo a derecho".

Afirma el magistrado en el razonamiento jurídico que la primera negativa de Barrionuevo, "en vez de contestar, como al final se ha hecho, con argumentación jurídica, aunque no la compartamos, ha de tacharse, cuando menos, de falta de argumentación y claramente obstaculizador de las investigaciones...".

El magistrado precisa que nunca se dudó de la legalidad de los fondos reservados, sino de una posible desviación de los mismos en algunas escalas jerárquicas del departamento para financiar a los GAL.

Secreto de Estado

El juez de la Audiencia advierte en su análisis que, "desgraciadamente, se ha querido dejar entrever, desde alguna instancia, que la insistencia del instructor iba guiada por algún ánimo específico que no sea el que a cualquier juez le Impone la Constitución y la ley en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y que si no cumpliera estaría infringiendo la legalidad vigente, y, por el contrario, se da por zanjado el tema aduciendo que se trata de secreto de Estado y materia clasificada".El juez Baltasar Garzón, que reconoce que existe una laguna en nuestra legislación, añade que "nunca se ha amenazado con ningún delito, sino que tan sólo se ha expuesto que la conducta podría ser constitutiva de un delito, que en todo caso no sería este instructor al que correspondería decidir si hace la elevación al Tribunal Supremo a los efectos que procedan, sino la sala competente para instruir y procesar en su caso".

En lo que se refiere al ministro, el juez resume así su conclusión: "No le afecta ni le protege la ley de secretos de Estado, pues en cuanto a los datos concretos que se solicita, y respecto de los cuales se puede o contestar o facilitar los medios para que el juez pueda investigar, no afecta a la seguridad interior del Estado ni, por ende, está protegido por la ley de Secretos Oficiales, y, consecuentemente, su negativa podría constituir falta de colaboración con la Administración de justicia".