Las pensiones asistenciales y el Plan contra la Droga, excluidos del Ministerio de Asuntos Sociales

La gestión de las pensiones continuará íntegramente en el departamento de Trabajo y Seguridad Social, debido a las polémicas existentes sobre la adscripción definitiva de la Seguridad Social. La presidencia del Gobierno no ha asignado tales competencias al ministerio de Matilde Fernández ni tampoco el Plan Nacional contra la Droga, en contra de algunas especulaciones. El nuevo departamento se queda sólo con servicios asistenciales, además de los institutos de la Mujer y de la Juventud, la protección de menores y la colaboración del Estado con Cáritas, Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales.

En sus primeras declaraciones como ministra de Asuntos Sociales , Matilde Fernández dijo que "este ministerio no va a ser una maría, sino el de la solidaridad, y mi responsabilidad es demostrarlo", y añadió que piensa trabajar para conseguir "el avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en el protagonismo de la juventud".Añadió que cuenta con todo el apoyo de su colega de Trabajo, Manuel Chaves, pero reconoció que su principal preocupación ahora son "las transferencias del ministerio de Trabajo, que son muchas cosas pequeñas que aún conozco poco".

La presidencia del Gobierno modificó ayer la estructura de los departamentos ministeriales, haciendo uso de una autorización prevista en la ley de Presupuestos de 1987. Por medio de un simple decreto, se atribuyen al nuevo ministerio de Asuntos Sociales las funciones del departamento de Trabajo y del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) en materia de servicios y acción social, pero se excluyen de las mismas "la gestión de las prestaciones económicas no contributivas", que seguirá encomendada a Trabajo.

Esto supone una reducción de casi 90.000 millones en el presupuesto de las competencias de Trabajo asignadas a Asuntos Sociales. Las citadas pensiones (más de 340.000 en estos momentos, con tendencia al alza) son las que se pagan a los ancianos y enfermos sin recursos, aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo se ha opuesto al trapaso de las prestaciones económicas, con el argumento de que no conviene seccionar las mismas del conjunto de las pensiones. Fuentes de dicho departamento afirman que se prepara una nueva regulación legal de las pensiones no contributivas, para convertirlas en un derecho del ciudadano y no -como hasta ahora- en una prestación graciable de la Administración.

La polémica no se debe a aspectos burocráticos, sino a una cuestión de poder: la Seguridad Social no es sólo un organismo de gasto, sino un fuerte mecanismo de recaudación. Y por tanto el ministerio que administra la Seguridad Social es el único que puede polernizar con el otro gran organismo recaudatorio, que es el de Economía y Hacienda. A la vista de la polémica latente entre Trabajo y Economía, la Presidencia del Gobierno ha aplazado toda decisión sobre desgajamientos de la Seguridad Social. En el último decenio, la Seguridad Social ha viajado desde el departamento de Sanidad al de Trabajo; otro nuevo desplazamiento hacia un nuevo ministerio era una decisión "demasiado improvisada", según medios vinculados a los organizadores de la reforma.

Pequeño ministerio

Excluído el capítulo de pensiones, las competencias que recibe el nuevo departamento se refieren a la asistencia y rehabilitación de ancianos y minusválidos, así como las aportaciones económicas a los ayuntamientos para que presten ayuda domiciliaria a ancianos desatendidos. La parte del Inserso que se transfiere a Asuntos Sociales -y que no está traspasado aún a las comunidades autónomas- cuenta con 7.000 funcionarios.Las citadas competencias procedentes de Trabajo, junto con los institutos de la Juventud y de la Mujer y la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, constituyen uno de los ministerios más pequeños de entre los existentes. Presupuestariamente sólo se sitúa por encima de Cultura y de los departamentos que son puros aparatos político-administrativos, como Asuntos Exteriores, Relaciones con las Cortes y Administraciones Públicas. Cabe esperar que Matilde Fernández exija más dinero en los próximos Presupuestos, para cumplir sus objetivos.

Tampoco se ha decidido la atribución al nuevo departamento del Plan Nacional contra la Droga, concebido como una comisión interministerial, cuya administración depende del ministerio de Sanidad. En la práctica, la dirección de la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas la lleva Interior, mientras los demás servicios del plan se centran en aspectos asistenciales y de estudio del problema. Queda abierta la posibilidad de que el departamento de Matilde Fernández está representado en la comisión antes citada.