El Gobierno propone eliminar el registro obligatorio de los parados en las oficinas de empleo

El Gobierno pretende eliminar todos los trámites burocráticos en las oficinas de empleo y, entre ellos, la obligatoriedad del registro de lo 3 parados, con el objetivo de descongestionar la acumulación del trabajo en tareas ineficaces. Esta propuesta se recoge en el documento-base elaborado por la Administración y presentado ayer a los sindicatos y a los empresarios en la primera reunión con la que se inicia un nuevo proceso de diálogo social. Las centrales rechazan la eliminación del registro de los parados y entienden que puede ser un atentado contra lo que debe ser un servicio público.

La negociación para la reforma del Inem se realiza en el marco del Consejo General del instituto, cuyo presidente es el secretario general de Empleo, Álvaro, Espina. En el documentobase que ayer entregó Espina a sindicatos y patronal se dice que la eliminación de los trámites burocráticos permitirá hacer posible una dedicación intensiva de todos los medios humanos y técnicos a la tarea de orientación profesional de los demandantes de empleo y a la casación de ofertas y peticiones de puesto de trabajo.Se quiere convertir al Inem en un dinámico servicio público de colocación. El objetivo es dar respuesta a las necesidades que tiene planteado el mercado de trabajo, centradas en la casación de ofertas y demandas de empleo, dedicando a ello la mayor dotación de medios humanos y técnicos.

Más oficinas

La propuesta del Ministerio de Trabajo indica que se debe establecer una relación personalizada con empresarios y trabajadores, de modo que cada empresa cuente con un agente en el Inem al que dirigirse y que lleve sus asuntos de empleo, a la vez que el parado cuenta con un consejero fijo que apoye su búsqueda de un puesto de trabajo Para facilitar esta tarea se contemplan planes de cualificación y orientación profesional para conocer los perfiles profesionales y aptitudes de los demandantes de empleo y así orientarles hacia los nuevos requerimientos del mercado de trabajo o, si es necesario, al reciclaje profesional.

Uno de los capítulos más breves es el que se refiere a la necesidad de buscar nuevas fórmulas de participación de los interlocutores sociales en el organismo. Álvaro Espina justifica la brevedad en que es un tema abierto al debate.

Para lograr la desburocratización, el instituto será dotado con nuevas oficinas de promoción de empleo y cualificación (OPEC), coordinadoras del empleo a nivel provincial, y se mejorará la red de oficinas.

Sindicatos y empresarios estudiarán el documento del Gobierno hasta el próximo día 18, fecha en la que tendrá lugar una nueva reunión. Allí presentarán sus propuestas alternativas. Ayer, las centrales adelantaron algunas críticas. El representante de UGT (Unión General de Trabajadores), Emilio Castro, afirmó que el citado documento parece responder más a un organismo auxiliar del sector empresarial que a un instituto dedicado a una política propia de empleo. También le preocupan las modificaciones en el contrato de formación para jóvenes, que te "suena" a una propuesta contenida en el plan de empleo del PSOE. Salce Elvira, de Comisiones, critica que se hable del fraude en la percepción del subsidio y no se establezca un control de las contrataciones. A su juicio, hay que profundizar en la descentralización del servicio, la política activa de empleo, el control y la autonomía de la gestión.

El representante de la CEOE, Julio Sánchez Fierro, pidió la participación de la patronal en las negociaciones para estudiar la ampliación de la cobertura al desempleo. A la mesa que se abre el día 12 no han sido invitados los empresarios.