Peritos calígrafos cuestionan la autenticidad de un documento utilizado por un juez como coartada

, Los peritos calígrafos Claudio Ansón y Antonio Iglesias, propuestos por el fiscal en el juicio contra los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva y Joaquín García Lavernia, cuestionaron ayer la autenticidad de un documento firmado por el primero de los jueces que justificaba parte de los ingresos que había percibido y que es esgrimido por su defensor como coartada. Los dos jueces están acusados de cohecho (soborno) y prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) y el fiscal pide para ellos penas de 13 años para Lorenzo-Penalva y 7 para Lavernia.

Uno de los documentos, que el fiscal, apoyado en el dictamen de los peritos, reputa como falso, es el que refleja la liquidación de una herencia legada a los hermanos Lorenzo-Penalva por su padre. El fiscal considera que las cantidades reflejadas en el citado documento no corresponden a la partición de la herencia, sino al reparto de los beneficios obtenidos como consecuencia del pacto para la designación de interventores, comisarios y depositarios en procesos de quiebra y suspensiones de pagos.El segundo documento es un recibo del total de los cerca de 18 millones de pesetas pagados por el abogado Luis Lorenzo-Penalva a su hermano el juez por la cancelación de la deuda.

El primero de los escritos está fechado el 21 de enero de 1982, mientras que el segundo lo está el 21 de diciembre del mismo año, y ambos están firmados por los dos hermanos. Esta documentación no fue aportada como descargo nada más destaparse el escándalo, sino que fue incorporada al sumario cinco meses después de la admisión de la querella del fiscal general del Estado.

Los peritos aseguraron que las semejanzas entre estos documentos indican que ambos fueron confeccionados de forma simultánea, aunque sus fechas indiquen lo contrario.

La intensidad de la tinta de la máquina de escribir utilizada y un defecto concreto en uno de los tipos fueron dos de los puntos destacados por los peritos para apoyar su criterio. No obstante, puntualizaron que no habían podido precisar la fecha de confección de los escritos, aunque sí que habían sido coetáneos.

Discrepancias

Los peritos calígrafos propuestos por la defensa discreparon totalmente de las afirmaciones realizadas por los expertos de Gabinete de Identificación de la Policía. Confirmaron la autenticidad de los documentos y señalaron, consiguientemente, que la liquidación había sido realizada casi un año antes que el recibo. Estos peritos no explicaron que técnicas habían utilizado para llegar a sus conclusiones.Adolfo Fernández Oubiña no le apeteció mirar los documentos que un capitán de la Guardia Civil amigo suyo, le mostraba sobre la presunta corrupción de los dos compañeros de la judicatura Carlos Lorenzo-Penalva y Joaquín García Lavernia. "No me apetecía mucho mirar aquello. Se me hacía desagradable", afirmó ayer en el juicio Fernández Oubiña.Los de los primeros testigos que declararon en el juicio fueron el magistrado Adolfo Fernández Oubiña y el capitán de la Guardia Civil Carlos Arterio Ciril, quienes mostraron su extraileza de que la investigación de la supuesta corrupción en los juzgados de Barcelona se hubiera demorado siete meses. Ambos explicaron que entregaron un sobre con la documentación sobre las presuntas irregularidades al presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, quién, a su vez, lo remitió al titular de la Audiencia Territorial, Antonio Gómez Reino. Este magistrado, que no ha sido citado como testigo, fue destituido un mes después de que el fiscal del Estado presentara la querella contra los dos jueces.

En aquel momento se especuló con la posibilidad de que el cese de Gómez Reino estuviera motivado por el aparente extravío del sobre con los documentos que le habían sido entregados.

Los documentos en cuestión contenían información sobre cuentas corrientes, números de talones y detalles sobre las actividades de Lorenzo-Penalva y García Lavernia, así como de los juzgados 6 y 2 de primera instancia de Barcelona