¿Son los sindicatos y los salarios responsables del desempleo?

He leído en los medios de comunicación que el secretario de Estado de Economía, al presentar un documento elaborado por su propio ministerio, acusa a las centrales sindicales de actuar con gran rigidez en la negociación de los convenios, lo que ha obligado a los empresarios a realizar un ajuste de empleo mayor del necesario. En las conclusiones parece que el secretario de Estado se manifiesta partidario de proseguir el proceso de flexibilidad laboral y moderación salarial, con la finalidad de favorecer la creación de empleo.A partir de un trabajo empírico que habría que analizar en detalle, se sacan conclusiones simples, dejando zanjada una discusión que tiene unas considerables implicaciones teóricas como es la influencia de los salarios en el nivel de empleo. Algunos de los problemas fundamentales en los que se ha centrado la discusión en los últimos años han sido la inflación, el paro y la interacción entre ambos fenómenos. Los economistas han desarrollado distintos puntos de vista sobre estas cuestiones, pero lo más destacable es que no existe un acuerdo sobre cuáles son las causas o los remedios del paro y de la inflación.

Un autor tan prestigioso como Malinvaud (E. Malinvaud, Paro masivo, Editorial Antoni Bosch, Barcelona, 1985) ha señalado que el paro masivo es una consecuencia del mal funcionamiento de la economía. Si se acepta esta idea, que yo desde luego asumo y que no está efectuada por ningún economista radical, sino más bien convencional, resulta cuando menos excesivo y simplificado hacer recaer la responsabilidad de un mal funcionamiento de todo un sistema económico en los salarios y en los sindicatos.

En efecto, los salarios no están determinados en una economía de mercado de una manera inequívoca, sino que son el resultado de una serie de factores, como las luchas sociales y elementos históricos e institucionales. El salario, además, sufre las limitaciones y restricciones de las variaciones de la productividad del trabajo. De ahí que la relación laboral haya que considerarla como una relación social y no simplemente como una relación mercantil. El mercado laboral resulta no ser un verdadero mercado, pues el precio vinculado a él, el tipo de salario, no cumple la función típica de una estructura de mercado. La conclusión que se obtiene de ello es radicalmente distinta de la teoría ortodoxa o neoclásica. Según esta escuela, en situación de competencia perfecta, las fuerzas del mercado son las que provocan que se igualen las cantidades de trabajo ofrecidas por los trabajadores y las cantidades de trabajo demandadas por las empresas, produciéndose en el intercambio el salario de equilibrio. Cualquier desequilibrio del mercado de trabajo, como es la existencia de paro involuntario se achaca a que se dan imperfecciones en el mercado, como los sindicatos y la regulación de los salarios mínimos. De modo que la conclusión que se deduce de ello es la necesidad de dotar al mercado de trabajo de mayor flexibilidad, con lo que se podría eliminar el problema del paro.

Este planteamiento teórico es el que se encuentra detrás de las propuestas lanzadas por los dirigentes de la economía española y aunque seguramente acepten ellos mismos ciertas limitaciones a asumir ese enfoque neoclásico plenamente, en el fondo es lo que subyace en sus formulaciones y que por otra parte es coherente con toda la actuación que preside su política económica.

Salarios y beneficios

Se necesita, por tanto, una mayor profundización en la comprensión de los procesos de la producción, porque el desempleo masivo que se produce en las economías desarrolladas hay que vincularlo con el comportamiento de las tasas de beneficios, pues una caída en los beneficios aparece ligada a toda crisis. Sin embargo, este tipo de caída es o puede ser una consecuencia de la crisis y se haría presente sea cual fuera la causa que la originase.

Algunos tratadistas han vinculado la crisis del descenso de los beneficios como producto de un aumento excesivo de los salarios, por lo que una política de contención de los salarios contribuiría a reducir el paro. Los que defienden esta política hacen hincapié en el impacto positivo que unos beneficios más altos tendrán sobre la inversión. Sin embargo, queda por demostrar de qué manera unos salarios menores generan unos beneficios más altos y, sobre todo, si realmente este excedente se invierte en negocios productivos generadores de empleo, a la vez que hay que demostrar que una mayor inversión pueda crear empleo. Estas implicaciones no resultan tan evidentes y de hecho, en el comportamiento de los últimos años, tanto en bastantes países desarrollados como en España, no se ha producido una relación estrecha en el comportamiento de estas variables. El argumento sería convincente si las causas del paro fueran las que establecen los neoclásicos.

La principal causa del paro está en el surgimiento de la crisis en los inicios de los setenta. Una crisis que tiene una dimensión mundial y que como cada crisis lleva consigo la destrucción masiva de capital, una destrucción que afecta fundamentalmente a los más débiles. Para combatir con las consecuencias que la misma origina, se realiza un ataque por parte del capital contra el trabajo, con el fin de restaurar la acumulación, favorecer la centralización y concentración del capital y elevar globalmente los beneficios. Los problemas surgidos son, sin embargo, producto de la propia acumulación de un sistema que se rige por el beneficio y la competencia y no pueden resolverse con sencillas soluciones de moderación salarial y flexibilización del mercado de trabajo y ni tan siquiera mediante la intervención del Estado.

La intervención estatal también se encuentra impotente para hacer frente con relativo grado de éxito a una situación que es el reflejo del mal funcionamiento de la economía. En el caso concreto de España, agravada la situación por las características de debilidad estructural de la economía y la sensibilidad que se manifiesta ante los acontecimientos del exterior.

La política económica actual que persigue poner las condiciones que favorecen el proceso de acumulación conlleva, sin embargo, graves costes sociales, sin la certeza plena de que asegure la recuperación del empleo. La razón estriba en que esta política económica responde a unas exigencias de reducir la inflación, aunque sea al precio de una extensión masiva y duradera del paro. Su principal objetivo es tratar de favorecer cambios estructurales, de forma que se recuperen los resortes fundamentales del crecimiento económico. Esta tarea se encomienda fundamentalmente al mercado y se acompaña con un abandono progresivo de la regulación, no considerándose oportuno la puesta en práctica de la planificación, la ampliación del sector público, o la profundización del Estado de bienestar.

Hay que aceptar el hecho de que, efectivamente, han aparecido nuevas necesidades de flexibilidad y que las mismas son el resultado de funcionamientos inadecuados del sistema productivo, así como de nuevas demandas sociales. La situación actual requiere nuevos planteamientos ante el hecho evidente de que se han registrado y se producen en la actualidad mutaciones en el sistema económico, a veces con una gran rapidez, lo que implica la necesidad de encontrar nuevas fórmulas organizativas que se adapten al proceso productivo. Pero las propuestas de flexibilidad también se demandan como un intento capitalista de alterar la relación de fuerzas y debilitar a la clase obrera, por lo que la política económica que se trata de imponer es favorable a los sectores sociales dominantes.

Por eso hay que señalar que si bien la política económica no es la única responsable del paro, la puesta en práctica de ciertas concepciones no ayudan a remediar los males del desempleo, atacando muy directamente a determinados logros sociales conseguidos con anterioridad. Si bien hay que aceptar un grado de moderación salarial y se pueden discutir ciertos presupuestos de flexibilización, la persistencia en avanzar en este terreno puede agravar los problemas, sobre todo si no se acompaña de medidas compensatorias.

Paro e inflación

No tenemos en el momento presente unas líneas de actuación que sean capaces de superar los problemas del desempleo y que sean compatibles con la lucha contra la inflación, al tiempo que superen las contradicciones surgidas entre eficacia y restauración del crecimiento con un avance en la consecución de una mayor igualdad. El capitalismo está evolucionando hacia formas que provocan mayores desigualdades. Plantear alternativas ante ello no es tarea fácil, así como el hacer cambiar esas tendencias. Ahora bien, esa dificultad no debe empañar la tarea de tratar de desvelar las cuestiones que subyacen a la problemática actual y diferenciar con claridad aquellos aspectos que benefician a la minoría privilegiada de lo que tiene interés para la mayoría de la población.

Comoquiera, además, que la industria española ha experimentado en los últimos años una importancia del progreso técnico ahorrador de trabajo, la política de empleo debe tener en cuenta este hecho, pues de lo contrario, será incorrecta e insuficiente. En concreto, se debe desarrollar la educación, la formación profesional y de reciclaje de los parados, así como la investigación, ya que hay que sentar las bases para una proyección a más largo plazo y no sólo a corto, sobre todo si se tiene en cuenta la fragilidad que todavía ofrece en muchos aspectos la economía española.