Desarticuladas dos organizaciones que introducían ilegalmente en España a trabajadores filipinos

La policía madrileña ha desarticulado dos organizaciones que se dedicaban a introducir ilegalmente en España a ciudadanos filipinos, que previamente abonaban altas cantidades de dinero a los cerebros de tales redes. Los inspectores de la Brigada de Documentación sospechan que las dos bandas pueden haber traficado con unas 500 personas. En la localidad de Parla y en la capital madrileña fueron localizados 26 inmigrantes clandestinos. Este tipo de casos comenzó a producirse desde que en 1975 se restringieron las facilidades de entrada de que hasta entonces disfrutaban los filipinos por ser miembros de una antigua colonia.

La actuación policial se inició hace meses, después de que la Sección de Extranjería de la Brigada de Documentación de Madrid comprobase que se estaba produciendo la llegada a España de numerosos filipinos en situación irregular.Las investigaciones permitieron determinar la existencia de dos grupos -no conectados entre sí- que controlaban el tráfico de mano de obra de personas que después eran empleadas como sirvientas, jardineros o camareros de restaurantes chinos.

Una de las redes está dirigida por el dentista filipino Norberto Reyes y contaba con la colaboración de sus compatriotas Dilaya Velasco de Reyes, Efrén Guerrero y Arcadia Guerrero. Esta última es la única detenida por la policía, que ha iniciado ya los trámites legales para proceder a su expulsión del territorio español.

La citada organización operaba mediante la falsificación de visados de Austria, Suiza, Holanda y otros países europeos en pasaportes filipinos. Otras veces entregaba a los inmigrantes, antes de partir del aeropuerto de Manila, pasaportes portugueses expedidos en Hong Kong con el oportuno sello de visado.

Una vez llegados a Portugal los filipinos acudían a la Embajada española en Lisboa para conseguir un permiso de tránsito hacia cualquiera de los países europeos para los que ya contaban con el oportuno visado, realizado de forma fraudulenta. Posteriormente, después de entrar en España, no continuaban viaje.

El sueldo de dos años

Según fuentes policiales, muchos de los trabajadores clandestinos importados por la citada organización fueron obligados a pasar desde Portugal a España corriendo monte a través, con objeto de evitar los controles fronterizos.Las víctimas de esta red debían abonar 3.500 dólares americanos (unas 400.000 pesetas) a Efrén Guerrero y al doctor Norberto Reyes a cambio de sus servicios.

Para poder conseguir tan elevada suma, que en Filipinas supone el sueldo de dos años de un profesional cualificado, algunas de las mujeres tuvieron que recurrir a prostituirse en Manila.

La policía descubrió la existencia de un piso sito en la finca número 40 de la calle de Fuentebella, en la localidad madrileña de Parla, donde eran albergados los filipinos tras su llegada a nuestro país. Los agentes entraron en la casa y comprobaron que había 10 personas ilegales que vivían en condiciones infrahumanas.

"Comprobamos que cuatro mujeres", relató un inspector, "dormían juntas en una pequeña cama de 80 centímetros de anchura. También vimos que en el frigorífico había una cazuela con una gran cantidad de arroz y cuatro trocitos de pollo, que era la única comida disponible".

La segunda organización desmantelada estaba supuestamente dirigida por Teódulo Rivera y su hermana Candelaria, la cual es copropietaria de un restaurante chino. Esta mujer ha sido detenida, pero su hermano aún no ha sido localizado, aunque la policía cursará una orden de búsqueda a través de Interpol.

Los supuestos cerebros de esta red cobraban 700 dólares a cada compatriota que deseaba trasladarse a nuestro país, según fuentes policiales. Para lograr este objetivo falsificaban tarjetas de residencia con permiso de trabajo en España, lo que hace que no sea necesario conseguir el oportuno visado.

Hacinados

Cuando los filipinos llegaban a Madrid, Candelaria Rivera se hacía cargo de ellos y destruía las tarjetas de residencia y trabajo, aunque la policía asegura que se ha incautado de un documento de este tipo.Los inmigrantes ilegales, muchos de los cuales sólo hablan tagalo, eran alojados en tres viviendas-sótano de la calle del Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés, o en otra casa situada en la calle de La Palma, número 37, cerca de la calle de la Ballesta. Algunos de los orientales estaban hacinados en habitaciones compartidas por seis o siete personas.

La mayoría de los filipinos que aparecen envueltos en este caso son jóvenes de ambos sexos, con un bajo nivel cultural, que en ocasiones tuvieron que recurrir a vender sus escasas propiedades para poder desplazarse a trabajar a España.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid informaron ayer que se han comprobado casos de personas que ignoraban que sus documentos habían sido falsificados. Los investigadores han observado también que algunos de los perjudicados estaban siendo explotados en trabajos domésticos en casas de lujo.