Fin del plazo

LOS ESPAÑOLES terminan hoy de rellenar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como de costumbre, muchos de ellos han sido incapaces de entender el complicado lenguaje burocrático de Hacienda y han tenido que recurrir a asesores fiscales. La siempre prometida simplificación de este trance poco agradable no acaba de llegar, y, por si fuera poco, las últimas semanas del plazo para rellenar los impresos han venido acompañadas por una intensa campaña intimidatoria, esta vez centrada en procesamientos de actores famosos, como si no hubiera otros defraudadores que los del espectáculo o como si, más verosímilmente, se quisiera obtener los máximos resultados ejemplificadores con un número reducido de casos de gran relieve social.Todo ello forma parte del paisaje habitual de esta época del año, como también forman parte de él las dudas de los ciudadanos en cuanto a la justicia redistributiva del impuesto y el destino final de los fondos recaudados. Para disipar las dudas en este último terreno, Televisión Eapañola nos ofrece desde hace unas semanas un insufrible programa en el que sin el más mínimo análisis se recitan monótonomente algunas partidas del presupuesto acompañadas de unas cuantas imágenes ilustrativas. Por este camino no llegaremos demasiado lejos en la comprensión de las grandes partidas del gasto público ni podremos comprobar si éste se ajusta a las prioridades definidas por el Parlamento en el momento de votar los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al resto del gasto público, reina la oscuridad total, pues ni los Ayuntamientos ni las comunidades autónomas tienen a bien dar cuentas de sus gastos.

Los ciudadanos tienen la sospecha de que no pagan todos los que debieran y de que el esfuerzo recaudatorio de Hacienda se centra casi exclusivamente en los asalariados, que son quienes no pueden ocultar sus ingresos. Esta impresión se ha visto confirmada por la publicación de los resultados de un estudio encargado por el Instituto de Estudios Fiscales sobre el fraude fiscal: la comparación de los datos de la contabilidad nacional con los correspondientes a la declaraciones de Hacienda muestran que los asalariados declaraban en 1986 más del 71% de sus ingresos estimados, mientras el porcentaje de declaración del resto de los rendimientos apenas superaba el 30%. En cuanto a los valores medios, los rendimientos del trabajo se situaban en casi 1,4 millones de pesetas por declaración, cifra muy parecida a la declarada por los rendimientos profesionales y muy superior a la correspondiente a los rendimientos empresariales, que se situaban en torno a 850.000 pesetas. Con esas cifras va a ser muy difícil competir en la Europa de 1992. Por otra parte, que los asalariados declaren por término medio unos ingresos que representan casi el doble de los declarados por los empresarios es algo que debiera preocupar seriamente a los sociólogos: la lucha de clases parece haber invertido su polaridad en nuestro país en esta última parte del siglo. Desde esta perspectiva es difícil explicarse los redoblados esfuerzos de tantos altos cargos de la Administración actual por convertirse en empresarios una vez terminado su mandado.

Por lo demás, mientras los porcentajes de declaración de las rentas no salariales no alcancen una proporción más cercana a lo razonable, el proceso redistributivo seguirá afectando casi exclusivamente a los asalariados: los que perciben unas rentas mayores ven reducidos sus ingresos para con ello reconstituir las rentas de los menos favorecidos. Se trata de un fenómeno al que no hay nada que objetar salvo que deja al margen del sistema a colectivos de ciudadanos con recursos más que suficientes, entre los que cabe destacar a un buen número de empresarios y rentistas. Y si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado algo en la localización y el control de estos ingresos, lo cierto es que aún estamos a años luz de lo que debiera ser un sistema realmente redistributivo, y, lo que es peor, nadie parece dispuesto a entablar seriamente un debate sobre la cuestión. No debe extrañar, pues, que a la hora de rellenar sus impuestos una buena parte de los españoles sienta que no todo el mundo es igual ante el impuesto, o, por decirlo en frase de Orwell, que unos son más iguales que otros.