La nueva ley del deporte tratará de corregir los errores del pasado

La nueva ley del deporte, que será presentada el próximo día 23, tratará de solucionar los males más importantes que se han observado en el deporte español en los últimos años. Los puntos clave para corregir las deficiencias de la anterior ley de 1980 serán: un modelo distinto de federaciones, a fin de controlar mejor el dinero público; la conversión de los clubes profesionales en sociedades anónimas, y la introducción de un apartado de lucha contra el doping, que hasta ahora no existía. También se intentará solucionar el futuro de los deportistas de alto nivel.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside Javier Gómez-Navarro, invitará en los próximos meses a todos los estamentos del deporte a que emitan sus opiniones sobre la ley que se propone, para evitar críticas después.Uno de los principales problemas que se han planteado para elaborar el borrador ha sido el de no invadir competencias de las distintas comunidades autónomas. El deporte, en sus parcelas de fomento y promoción, está transferido a las autonomías .Esta situación, pese a que el mismo Felipe González sería partidario de un Ministerio de Deportes con vistas a Barcelona 92, es precisamente el principal obstáculo para su creación, al plantearse problemas institucionales El Estado, por medio del CSD, se limita ahora a las competiciones nacionales e internacionales.

La filosofía que distingue al deporte español trata de ser una mezcla lo más perfecta posible del sector privado y del público Pero no toma como modelo el asociacionismo autónomo de los países anglosajones -el primitivo del deporte-, positivo para ellos, ni tampoco el intervencionista estatal de los del Este -que se inició en la Alemania nazi- Como país latino, trata de imitar lo máximo posible a los modelos instaurados a Francia e Italia; un papel de apoyo subsidiario y de control y seguimiento, pero no de intervención activa.

En la actual ley, en vigor desde 1980, aunque no se especifica, se deja entrever que las federaciones son entidades de derecho privado, pero con financiación y funciones públicas, pues organizan competiciones de carácter nacional. Además, lo hacen en régimen de monopolio, porque la ley dice que sólo habrá una federación por cada modalidad deportiva.

La nueva ley trata de que el Estado pueda responsabilizarse de los recursos que dedica, y del cumplimiento y de la utilización correcta de las funciones públicas que tienen las federaciones, a las que se especificará claramente su carácter privado. El mecanismo que el CSD propone, aunque habrá federaciones que se rebelarán -sólo cinco o seis, según el CSD-, es de colaboración para que sea "útil, preciso y funcional".

Las federaciones tendrán que comunicar anualmente sus objetivos deportivos al CSD, desde su expansión de base hasta la alta competición; el programa técnico para cumplir esos objetivos, y el presupuesto, en el que deben señalar los recursos propios que pueden generar. A continuación, deberán discutir el plan con el CSD, que aportará la subvención complementaria y establecerá su seguimiento. Actualmente se hace con anterioridad, sin conocer los objetivos, con lo que no se sabe bien cuál es el, dinero que se malgasta.

Con la nueva ley, que quiere seguir una racionalidad, sin mayor intencionalidad política, se sigue aceptando la iniciativa de las federaciones, pero exigiéndoles que cumplan los objetivos pactados.

Sociedades anónimas

Otro de los puntos clave de la ley, siempre en la línea de vigilancía económica, es el del deporte profesional. Los clubes profesionales deberán convertirse en sociedades anónimas con objeto deportivo, bajo control de las federaciones nacionales y del CSD.La idea de la nueva ley es que el Estado juegue un papel eficaz: fomentar el deporte y controlar los objetivos que el propio mundo del deporte establece, apoyándolo, pero sin que se malgasten los fondos públicos. Se trata de que eso se cumpla hasta sus últimas consecuencias, sin distorsionar el modelo deportivo actual. Pero que el Estado sea garante de la buena utilización del dinero público.

Las dos novedades absolutas serán la prohibición del doping, por primera vez, y que se arbitrarán medidas para la inserción social de los deportistas de elite, hasta ahora desamparados. Otros dos apartados destacados de la ley serán la regulación de las titulaciones deportivas y la constatación de que la educación fisica tiene que estar en el sistema educativo, lo que no sucede en ninguna otra ley del actual ordenamiento jurídico, un gran fallo español de base.