Los sindicatos de profesores aplazan la huelga hasta octubre
El comité estatal de huelga del profesorado de la enseñanza pública ratificó ayer la desconvocatoria, hasta octubre, del paro indefinido iniciado el pasado martes después de constatar que éste no era secundado siquiera por el 40% del profesorado, límite que el propio comité había establecido para mantenerlo. La Administración se apresuró a mostrar su voluntad de continuar las negociaciones. Los sindicatos han propuesto a los claustros que pidan formalmente la dimisión del ministro Maravall y que éste sea declarado "persona non grata".
En su comunicado oficial, el comité estatal de huelga -integrado por los sindicatos ANPE, CFIF, CCOO, UGT, UCSTE y STEC- anuncia que la huelga queda desconvocada "y aplazada hasta el día 3 de octubre, si antes no se encuentra una solución satisfactoria a las justas reivindicaciones del profesorado". Los portavoces de los sindicatos proclarnaron en una conferencia de prensa el mantenimiento de la unidad tanto de los sindicatos entre sí como de éstos con el colectivo del profesorado, y rechazaron en todo momento que los claustros hayan perdido su confianza en ellos. En este mismo sentido, Javier Doz, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, manifestó que el comité no tenía conocimiento de una sola asamblea de profesores que hubiera prese ntado objeciones al contenido de la nueva plataforma reivindicativa presentada al ministerio tras el recliazo masivo del profesorado al preacuerdo.Precisó también que el carácter lineal del incremento retributive del corriplemento específico que dicha plataforma plantea es asumido por todos los cuerpos docentes.
Los sindicatos, que exigen al ministerio la reanudación inmediata de las negociaciones, "con un ritmo acelerado", explicaron que no desean que éstas se prolonguen más allá del 20 de junio, para que los profesores puedan tener conocimiento de eventuales nuevas propuestas del ministerio e incluso de los términos de un posible acuerdo, por lo que, en caso negativo, prevén que la negociación prosiga a partir del 1 de septiembre.
Descartada la continuidad de la huelga, los sindicatos proponen, entre otras nuevas medidas de presión, la remisión de escritos conjuntos de los claustros en apoyo de la petición de dimisión del ministro José María Maravall, así como el "boicoteo a todo tipo de actividades y reuniones convocadas por las autoridades educativas que no tengan el carácter de obligatorias".
Aunque los sindicatos no precisaron a qué tipo de actividades se referían, cabe deducir que no serían otras que aquellas que la Administración pudiera promover en relación con el proyecto de reforma del sistema educativo no universitario, dado que, a tenor de las previsiones ministeriales, las conclusiones del debate público sobre dicho proyecto habrían de ser concretadas durante el actual mes de junio.
Los sindicatos piden también en su nota que "los descuentos al profesorado por los días de huelga se destinen a los centros de enseñanza pública".
Los portavoces sindicales estimaron en unos 15.000 millones de pesetas la cantidad que la Administración puede haber retenido a los docentes con motivo de la prolongada huelga de este curso.
[Por su parte, el ministro de Educación, José María Maravall, señaló ayer en Valencia que, tras la desconvocatoria de la huelga indefinida, el conflicto puede llegar a su fin, informa Efe. El ministro añadió que los acuerdos con los sindicatos "se realizarán de forma coordinada" con aquellas comunidades con competencias plenas en educación, descartando así que alguna región pueda llegar al final del conflicto antes que en el territorio MEC].
De otro lado, una quincena de dirigentes de los sindicatos de la enseñanza STEPV, ANPE y UGT, abandonaron ayer el encierro que mantenían desde el miércoles en la sede de la Consejeria de Educación de la Generalitat valenciana para exigir la firma oficial del acuerdo que habían alcanzado el pasado fin de semana con la Administración autonómica y que ésta se negó a formalizar, informa Adolf Beltrán. Las tres organizaciones dijeron que no suscribirían cualquier otro acuerdo que no fuera el mismo que el convenido con el consejero de Educación.
José Antonio Ibars, secretario general de la Consejería de Educación argumentó el jueves, como motivo para no rubricar el compromiso, que no se han producido aún las condiciones de una vuelta a la normalidad escolar.
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