Una dirigente de la Crida trabajó en la Generalitat y en la asociación de vexilólogos

Núria Camps Vidal, una de las líderes de la Crida a la Solidaritat y receptora de una e del desvío de una subvención oficial destinada a la Asociación Catalana de Vexilología (ACV), trabajó para el Departamento de Gobernación de la Generalitat durante los meses de verano de 1984 y 1985, según fuentes del Gobierno autónomo. El motivo de su contratación fue "la acumulación de trabajo que se produce en la época de verano encaminada a la prevención de incendios forestales", según fuentes del departamento. En 1986, la Crida recibió ayuda oficial del Departamento de Agricultura para prevenir incendios forestales.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyo titular es Josep Miró Ardévol, concedió en- 1986 una subvención a determinadas entidades relacionadas con la Crida para que colaboraran en la campaña de prevención de incendios, según reconocieron fuentes del departamento. En un decreto del Diari Oficial de la Generalitat (DOG) del 12 de mayo de 1986, firmado por el conseller Miró, se establecía "una línea de ayudas a instituciones sin finalidad de lucro y a entidades territoriales pyomotoras de actividades forestales". La subvención máxima en cada caso no podía superar los dos millones de pesetas.Un portavoz del Departamento de Agricultura no explicó ayer a qué entidades fueron entregadas las subvenciones ni tampoco si éstas se controlaron, como marca la ley.

Núria Camps organizó la campaña desarrollada por la Crida en 1986 para preservar los bosques de los incendios que asolaron Cataluña ese año y que Miró relacionó, sin que llegara a probarse, con supuestos enemigos de Cataluña.

Después de finalizar su relación laboral con la Generalitat, Núria Camps, en compañía de otro de miembro de la cúpula de la Crida, Jordi Sánchez, y de Oriol Ferrer, fue contratada durante seis meses por la ACV, cuya presidenta, Ana María Galán Pla es, asimismo, responsable del secretariado de entidades de la Crida.

Al término de ese período contractual, registrado legalmente en la Seguridad Social, los tres trabajadores fueron dados de baja por la entidad y percibieron el subsidio de desempleo durante tres meses, según datos oficiales.