El Gobierno autónomo espera un inminente fallo del Constitucional sobre la ley del 3%

La Comunidad de Madrid tiene actualmente una decena de recursos pendientes en el Tribunal Constitucional. El Gobierno regional espera "una inminente sentencia" sobre la polémica ley del 3%, que fue recurrida por AP y por el Defensor del Pueblo antes de ser retirada por el propio Joaquín Leguina. Las asignaturas pendientes con el Constitucional se han acumulado con tres nuevos recursos en los últimos cuatro meses.

Leguina aguarda el fallo sobre el 3% con la esperanza de sacarse la espina clavada desde marzo de 1985, cuando tuvo que retirar la ley que pretendía cobrar a los madrileños un recargo sobre el impuesto de la renta. El presidente regional adoptó la decisión por recomendación del presidente Felipe González, ante el vendaval de protestas contra la medida.Los recursos del Defensor del Pueblo y de AP, basados en "la deficiente regulación del recargo", fueron admitidos a trámite en abril de 1985. "Confío en que el Constitucional acabe dándonos la razón", afirma Leguina, que no piensa volver a la carga con la impopular medida. En medios del Gobierno regional se atribuye el retraso de la sentencia al "escaso interés por parte del Constitucional de reavivar una polémica que ya no tiene sentido".

Otras batallas no muy lejanas se han ido acumulando en el Tribunal Constitucional desde primeros de año. La diferencia entre 4% y el 5% está detrás del recurso planteado por el Gobierno central contra varios puntos de la ley de presupuestos de la Comunidad de 1988. El parlamento regional aprobó -con los votos de AP y del CDS- una subida salarial para los funcionarios autonómicos del 5%; el Gobierno afirma que este aumento supera el listón del 4% fijado en los presupuestos del Estado.

La cuestión de fondo es la autonomía financiera y presupuestaria de la Comunidad, y así lo expone la Asamblea de Madrid en las alegaciones presentadas ante el recurso. El Gobierno regional también ha dicho esta boca es mía, aunque procurando no entrar en terreno resbaladizo. No en vano, la oposición sostiene que el propio Leguina, que propuso un aumento del 4%, ha tenido mucho que ver en el recurso planteado por el Gobierno central.

El Ejecutivo autónomo presentó el 5 de mayo un recurso de amparo tras dos polémicas sentencias de Magistratura y del Tribunal Central. Ambas dieron la razón a Comisiones Obreras, que pidió la homologación al alza de salarios entre el personal laboral transferido de la Administración central y el de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional considera que la sentencia del Tribunal Central viola varios preceptos constitucionales y choca con las propias atribuciones del Ejecutivo.

También han llovido en los últimos meses recursos contra el artículo 26 de la ley de medidas de disciplina urbanística, que atribuye competencias al responsable de Urbanismo de la Comunidad para dejar en suspenso licencias municipales. La cuestión de inconstitucionalidad ha sido planteada en tres ocasiones por la Audiencia Territorial, por considerar que vulnera la ley de Régimen Local, que reserva tal facultad a los tribunales. Otro asunto pendiente es la ley del Parque Regional del Manzanares, recurrida por Alianza Popular en mayo de 1985. Según los aliancistas, la Asamblea de Madrid sólo es competente para desarrollar la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente, pero no para crear la figura del parque regional. El grupo de AP manifestó su oposición a la ley por considerar que invade competencias municipales y derechos de los propietarios.

Asimismo, Madrid tiene planteado un conflicto de competencias con el Gobierno central, interpuesto por éste. El problema radica en que el Consejo regional autorizó ampliar una estación eléctrica en San Sebastián de los Reyes, y el Gobierno reclama la titularidad estatal de la red.