Alcaldes del PSOE de Aragón "puentean" al Gobierno regional en su enfrentamiento con el MOPU

Los alcaldes de las tres capitales de provincia aragonesas y los presidentes de las tres diputaciones provinciales, regentadas por el PSOE, están dispuestos a suscribir convenios directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) para que no se pierdan las subvenciones destinadas a Aragón en materia de viviendas protegidas. La decisión fue tomada el sábado en el transcurso de una reunión a la que asistieron los máximos responsables a nivel regional del partido ante la posibilidad de que las instituciones autonómicas hagan "dejación" de sus competencias.

El Gobierno aragonés, que preside el regionalista Hipólito Gómez de las Roces, no está dispuesto a retirar el recurso de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de financiación de viviendas de protección oficial pese "a la amenaza" del MOPU. Este ministerio envió un escrito al Gobierno aragonés dándole un ultimátum para que en el plazo de 10 días retirara dicho recurso. En caso contrario, según el MOPU, no se firmará el convenio de viviendas protegidas y las subvenciones destinadas a Aragón se repartirán entre otras comunidades que sí lo han suscrito. Este tema ha enrarecido las relaciones entre el Gobierno de Aragón y la Administración central.

El consejero de Ordenación del Territorio aragonés, Joaquín Maggioni, ha manifestado que el ultimátum del MOPU "es un intento de doblegar y humillar a las comunidades autónomas no regidas por socialistas, pero no aceptaremos coacciones de nadie". Gómez de las Roces ha señalado que la postura del MOPU "supone una gravísima fractura del ordenamiento constitucional por parte de la Administración central y un gratuito e injusto agravio a los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas".

Tribunal Constitucional

La aplicación de dicho decreto obligaría al Gobierno aragonés a destinar este año 600 millones de pesetas al pago de subvenciones a particulares, que hasta ahora corrían a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Ese fue el motivo por el que el Ejecutivo aragonés planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.Por otra parte, los gobiernos de Baleares, Castilla y León y La Rioja, en situación similar, han criticado también el escrito enviado por el Ministerio de Obras Públicas, según informa Efe,

La Generalitat de Cataluña ha anunciado que no intentará acogerse al nuevo convenio con el MOPU para el desarrollo del plan cuatrienal de viviendas de protección oficial.