En libertad bajo fianza los acusados de una estafa por valor de 1.000 millones

, Benito del Peral Pérez y José Antonio Hernández García, que se encontraban encarcelados en la prisión de Carabanchel por su presunta implicación en estafas y alzamientos de bienes valorados en cerca de 1.000 millones de de pesetas, han quedado en libertad bajo fianza de un millón de pesetas cada uno.

Del Peral y Hernández García abandonaron la prisión el día 3 de mayo, y habían sido detenidos el 2 de marzo pasado en relación con diversas estafas inmobiliarias realizadas en las urbanizaciones El Mirador de la Sierra y La Cerca, situadas en la localidad madrileña de Collado-Villalba.

Los afectados han mostrado su "sorpresa por la puesta en libertad de los acusados, sobre todo cuando el sumario se encuentra en plena instrucción". Las mismas fuentes criticaron la mínima" cantidad exigida como fianza por el Juzgado de Instrucción.

Algunos vecinos dé la urbanización La Cerca afectados por la citadas estafas inmobiliarias expresaron su indignación por lo que calificaron como "una injusticia".

Los afectados sostienen: "Muchas personas hemos quedado prácticamente en la ruina, mientras los acusados llevan un nivel de vida de marqueses y se les pone en la calle después de pasar 63 días en la cárcel. Hernández, que es propietario de la cuadra Horizonte, se encontraba el pasado domingo en el hipódromo de La Zarzuela".

La investigación se inició tras denunciar dos empresarios sevillanos, propietarios de El Mirador de la Sierra, que habían vendido la urbanización por 228 millones y no habían recibido a cambio ni una peseta.

En las diligencias instruidas por la policía constan también las declaraciones de cerca de 50 perjudicados, algunos de los cuales fueron pagados por los presuntos estafadores con pisos de los que no han podido tomar posesión.

Otra relación de afectados propietarios de pisos en la urbanización La Cerca compré viviendas libres de cargas y éstas se encontraban hipotecadas. Los habitantes de estas viviendas han instalado en las ventanas de sus casas pancartas para avisar a los posibles compradores, puesto que, según aseguran, "los supuestos estafadores siguen vendiendo pisos".

Los supuestos autores de estafas inmobiliarias habían formado a partir de 1985 diversas inmobiliarias que luego liquidaban ante el acoso de los acreedores.

Fuentes policiales explicaron al producirse las detenciones que los acusados "no pagaban ni el importe de las contratas ni a los proveedores de materiales".