La policía desaloja a los 60 ocupantes de un bloque de pisos en Móstoles
Los 60 ocupantes de un bloque de viviendas de la calle de Veracruz, número 46, en Móstoles, fueron desalojados en la mañana de ayer por el Cuerpo Nacional de Policía, sin que se registrara ninguna violencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles ordenó el desalojo con presencia policial después de que expirara el plazo voluntario dado a los ocupantes.Concluyó así la ocupación de 22 viviendas que durante 17 días ha mantenido un grupo de jóvenes de Móstoles en un edificio que desde su terminación, en 1982, permanecía deshabitado a excepción del piso que tenía desde hace seis meses el vigilante del bloque. Durante la ocupación, el vigilante contratado por la constructora ha seguido viviendo en la casa.
Cuando las fuerzas del orden llegaron al edificio, a primera hora de la mañana, sólo se encontraban en él una docena de ocupantes, por lo que los agentes procedieron, con ayuda de los bomberos de la localidad, a descerrajar el resto de las puertas de las viviendas ocupadas. La Policía Municipal llevó un camión para retirar los enseres, pero no tuvo que intervenir.
La mayoría de los desalojados se ha repartido ene los pisos ocupados por otros squatters en la misma zona. En el bloque número 44, colindante con el desalojado y donde 14 pisos están ocupados desde hace año y medio, se aloja ahora una media de diez personas por vivienda. En el portal de esa casa descansaban ayer los enseres que tuvieron que recoger los ocupantes para impedir que se los llevara el camión municipal.
La abogada de los squatters quiso manifestar su protesta por la indefensión de que habían sido objeto: "le pedimos a la juez un procurador de oficio cuyo nombramiento no nos fue comunicado". La abogada había solicitado un sobreseimiento provisional del caso hasta reunir la documentación suficiente para demostrar si la empresa demandante, Embajador 11 bis SA, tenía derecho a reclamar la propiedad de las viviendas.
Cajamadrid mantiene un litigio con la constructora tras el impago de un crédito de 48 millones.
