Olga Roig y Miguel Ángel López

Ella es administrativa, de 33 años; él, asesor fiscal, de 41 años. Los dos llevan cuatro meses intentando adoptar un niño, y desde entonces todo son obstáculos. Primero, las dificultades para hallar y adoptar un niño recién nacido en España, donde el trámite suele durar tres años. Después, decididos a ir a Centroamérica para abreviar plazos. Al recibir la buena noticia de que en Honduras pueden adoptar uno, la ley se les volvió en contra, al no contemplar la posibilidad de un tiempo de baja para que la madre atienda al niño adoptado. Miguel Ángel y Olga han protestado al Defensor del Pueblo y a los partidos, y Minoría Catalana ha anunciado la próxima presentación de una propuesta en este sentido.

A primeros de enero, como deseo de año nuevo, esta pareja -ella nacida en Barcelona y él en Tarragona- decidió adoptar un niño, al haber fracasado anteriormente en la fecundación in vitro. Los amigos les advierten que el proceso es largo y dificil, especialmente si, como ellos desean, se trata de adoptar un niño recién nacido. Al cabo de dos meses de papeleo, deciden buscar en los países latinoamericanos. La respuesta de las embajadas es positiva, y se deciden por Honduras. Al empezar los trámites, estalla el escándalo de tráfico de niños de ese país a EE UU para la realización de trasplantes. Ningún abogado hondureño quiere hacerse cargo del caso, hasta que recurren al del obispado local. A estas alturas Olga ya tiene más que claro que "adoptar un niño es un lujo al alcance tan sólo de multimillonarios". Les piden todo tipo de certificados: de matrimonio, penales, de bondad fiscal..., hasta 45 folios.Cuando se creen felices por haber superado "la lentitud kafkiana de la burocracia", en expresión de Miguel Ángel, aparece un obstáculo imprevisto La empresa en la que trabaja Olga desde hace 15 años, una multinacional alemana de seguros, se niega a concederle el permiso por maternidad reconocido a las madres naturales. Un permiso que precisan para recoger al niño y cuidarlo en sus primeros días.

La respuesta es breve: "El Estatuto de los Trabajadores no lo contempla". La reacción de Olga es de asombro: "Debe creer que los niños adoptados se crían bajo la cama como los champiñones". La pareja reacciona con fuerza, llaman a los partidos políticos, se quejan al Síndic de Greuges catalán y al Defensor del Pueblo. Olga recibe de todos buenas palabras, en algunos partidos políticos la conocen como "la nueva sufragista", y se afilia a CC OO. La respuesta oficial es dura: todos reconocen el derecho de la mujer que adopta un niño recién nacido a tener un período de baja laboral para atenderlo, pero ello no figura en la ley. Los funcionarios civiles y los trabajadores del Hospital Clínico de Barcelona tienen recogida la equiparación, e incluso una comisión del Ministerio de Trabajo recomendó hace dos años su inclusión en el Estatuto de los Trabajadores, sin qué se llevara a efecto.

"Estoy dispuesta a hacer todo lo que haga falta para corregir esta tan temprana discriminación del niño adoptado", asegura Olga, que confiesa haber dedicado a gestiones sobre el tema una media de cuatro horas en los últimos meses. Ni a ella ni a Miguel Ángel se les ha pasado por la cabeza desistir. "Si otros lo hubiesen hecho, ya estaría solucionado", afirma él.