Alianza Popular y el PSOE acuerdan ampliar un mes el plazo de alegaciones para las torres de la plaza de Castilla

El Ayuntamiento acordó ayer, con los votos del PSOE y AP, ampliar en un mes el período de información al público sobre las torres que el grupo KIO quiere levantar en la plaza de Castilla y estudiar las alegaciones planteadas desde que fue aprobado inicialmente el estudio de detalle, que, según se puso de manifiesto, no gusta a ningún grupo de la oposición. Ramón Tamames (Grupo Mixto) aseguró que va a estudiar un recurso de inconstitucionalidad de la operación; Francisco Herrera (IU) insistió en pedir la reforma del plan general para reducir la edificabilidad de 125.000 a 24.000 metros cuadrados, y Javier Soto (CDS) responsabilizó a los grupos que defiendan el proyecto de las consecuencias civiles, penales, urbanísticas y políticas que se deriven de él.

El debate sobre la postura municipal a adoptar en el tema de los solares de la plaza de Castilla consumió la mayor parte del pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, en el que el PSOE defendió la legalidad de los 125.000 metros cuadrados edificables y apoyó resueltamente la enmienda presentada por AP, por la que se amplía el plazo de información pública hasta el 29 de mayo y se admiten a trámite todas las alegaciones que se hayan presentado hasta ahora.Alianza Popular expresó su esperanza en que, gracias a las alegaciones que se presenten en el nuevo período, entre ellas las que hará este grupo, el estudio de detalle podrá ser mejorado.

Frente a esta postura de sacar adelante el estudio de detalle existente, aunque con variaciones, no tuvo ningún éxito la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y el CDS, que pidieron la suspensión del proyecto, aprobado inicialmente, el pasado mes de noviembre.

Tampoco influyeron en los dos grupos mayoritarios los representantes del Grupo Mixto e IU, partidarios de la reforma del Plan General para reducir a 24.000 metros cuadrados la edificabilidad de la zona, a pesar de que, en su opinión, el coste de la expropiación es menor de lo que se ha dicho.

El portavoz vecinal, de acuerdo con las nuevas normas de participación ciudadana, leyó un comunicado en el que, tras comparar las torres con las de Colón y Valencia, pidió la suspensión del estudio de detalle por "evidentes defectos de forma". Más agresiva fue la intervención de José Luis Garro, del CDS, quien rechazó que el proyecto sea una herencia del pasado y aseguró que, por parte del equipo de gobierno ha habido "negligencia, incompetencia, ligereza y falta a la ver dad". Garro acusó al responsable de Urbanismo, Jesús Espelosín, de no hacer los mismos cálculos cuando habla de expropiar a KIO o proyecta expropiaciones en las bolsas de pobreza, y aseguró que debería haber dimitido por su equivocación al hablar de una sentencia inexistente del Supremo que, supuestamente, fijaba la edificabilidad de la zona en 125.000 metros cuadrados.

"Tiburones"

La petición de dimisión de Espelosín fue planteada, de una forma u otra, por toda la oposición, excepto por IU. Ramón Tamames, por el Grupo Mixto, aseguró que los terrenos de la plaza de Castilla fueron comprados hace tres años a 30.000 pesetas el metro cuadrado y revendidos hace unos meses en 200.000 pesetas. "Si el Ayuntamiento acepta estos hechos, está ayudando a financiar operaciones que unos llaman de tiburones, y otros, opas. Es todo muy legal, pero todo muy inconstitucional, pues se está violando el artículo 47 de la Constitución, según el cual la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."Francisco Herrera, de IU, manifestó que "el estudio de detalle incumple las determinaciones del Plan General, pues, como ha hecho público Eduardo Leira, jefe de la oficina que elaboró el plan, no se contempla el intercambiador, no se ha reducido su edificabilidad del total y no se ha hecho mediante un concurso de ideas". Para el portavoz de IU, que reconoció la equivocación de su grupo en este punto cuando apoyó el Plan General, "una actitud del Ayuntamiento de modificar el Plan llevaría a la propiedad a negociar".

José María Álvarez del Manzano, de AP, dijo que "el estudio de detalle debe cambiarse sustancialmente, tanto en lo que se refiere al intercambiador como en las alturas". Álvarez del Manzano pidió también la dimisión de Espelosín y animó a los grupos de la oposición para cambiar el gobierno municipal "con decisión y rapidez".

Jesús Espelosín reconoció el error personal y político cometido sobre la sentencia, aunque calificó su existencia o inexistencia de "irrelevante, pues la legalidad urbanística está en el Plan General". De las propuestas planteadas por la oposición, aseguró que únicamente la modificación del Plan General tenía sentido, aunque para aceptarla debería haber "algún motivo extraordinario no ligado a una opinión subjetiva". Espelosín terminó ofreciendo un pacto a Álvarez del Manzano: "Yo dimito si usted promete no presentar un voto de censura en los próximos tres años". La frase "me lo pensaré" de Álvarez del Manzano cerró la discusión.

Por otra parte, el pleno aprobó, con el voto en contra de IU, solicitar a la Comisión Provincial de Precios la subida de un 5,1% en las tarifas del taxi.