El Gobierno andaluz pide que vayan al juez los que deseen investigar el 'caso Doñana'

El consejero de Obras Públicas del Gobierno andaluz, Jaime Montaner, negó ayer, ante la comisión correspondiente del Parlamento regional, que se hubiera producido "tráfico de influencia, amiguismo o acceso a información privilegiada" en la recalificación de terrenos aledaños al Parque de Doñana, en el término municipal de Almonte (Huelva), y se mostró contrario a que una comisión especial investigue el caso. "Si ustedes tienen conocimiento de comportamientos delictivos", dijo dirigiéndose a los miembros de la oposición, "tienen la obligación de acudir a los tribunales".Montaner -que durante más de seis horas mantuvo un tenso debate con los portavoces parlamentarios- afirmó que, tanto las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte como las del Plan Director Territorial de Doñana "son impecables jurídicamente", y que el cambio de uso de los terrenos fue anterior al preacuerdo de compra de los mismos por parte de Culb Atlántico, sociedad en la que aparecen como socios Francisco Palomino, Jacinto Pellón y Jesús Bores, cuñado del presidente del Gobierno, consejero delegado de la Expo 92 y amigo de Felipe González, respectivamente. Los tres vendieron recientemente su participación en la empresa.

El consejero advirtió que mientras se habla de tráfico de influencias en ningún momento se ha explicitado qué beneficios económicos obtuvieron los presuntos relacionados con el cambio de calificación de los terrenos.

El consejero de Obras Públicas y Urbanismo aportó documentación que demuestra que la venta de las acciones de Club Atlántico se hizo a su valor nominal y sin obtención de plusvalías.

Una parte sustancial de la polémica parlamentaria estuvo centrada en la presentación por parte del portavoz de Izquierda Un¡da (IU) de fotocopias de do ejemplares del Plan Director Te rritorial de Doñana, que, según su opinión, podrían suponer un delito de falsedad documental En el ejemplar sellado que se ex puso al público para la presenta ción de alegaciones falta un párrafo -que sí está en el ejemplar remitido a los ayuntamientos diputaciones y al Parlamento regional-, en el que se recomienda la revisión del PGOU de Almonte y se contempla la clasificación de urbanizable programado par los terrenos de Costa Doñana. Según Rejón esta clasificación puede suponer unos beneficios de hasta 10.000 millones.

Jaime Montaner negó tajantemente esta afirmación y atribuyó la disparidad entre las dos ver siones del documento "a la lógica subsanación de errores que se produce en todos los planes ur bariísticos". El consejero señaló que "en todo momento queda claro en el Plan Director que es necesaria la revisión del PGOU de Almonte".