El PCA votó a favor de la venta de terrenos por la que se acusa de abusos a amigos de González

El alcalde de Almonte (Huelva), el socialista Rafael Díez López, explicó ayer que el 5 de mayo de 1987 se aprobó, con los votos de los dos concejales almonteñas del Partido Comunista de Andalucía (PCA), el expediente de venta de unos terrenos en la playa de Matalascañas, operación en la que supuestamente se habrían beneficiado amigos del presidente del Gobierno, Felipe González.

Díez salió así al paso del supuesto caso de tráfico de influencias en la costa de Doñana, para señalar que "este asunto se ha tratado con desconocimiento y de manera malintencionada para involucrar al Ayuntamiento en un proceso de favoritismo".El PCA motivó esta polémica tras presentar dos preguntas en el Parlamento andaluz para pedir las razones de la recalificación de los terrenos de esa zona colindante a Doñana, si bien en ningún momento mencionaron los nombres de los implicados en el supuesto trafico de: influencias: el consejero delegado de la Sociedad Estatal para la Expo 92, Jacinto Pellón; el cuñado del presidente del Gobierno, Francico Palomino, y el abogado sevillano Jesús Bores.

Según las informaciones que implican a los familiares y amigos de González, la empresa Club Atlántico, de la que estas tres personas participaron con un 14% durante un año, compró un sector de terreno que después habría sido recalificado para darle mayor edificabilidad. El alcalde de Almonte señaló que cuando la modificación parcial del Plan de Ordenación Urbana de Almonte para esa zona se había realizado cuando Club Atlántico compré el terreno.

Respecto a las recalificaciones, el alcalde y los técnicos señalaron que en ellas se contempla una reducción de superficie de unos 50.000 metros cuadrados y de 6.000 metros cúbicos en la volumetría. "Con esto demostramos documentalmente que se ha usado demagogia para desprestigiar al Ayuntamiento", al decir que se había aumentado el volumen a construir.

Tanto el actual alcalde como el anterior, Antonio Castellano, que inició el proceso, señalaron que Matalascañas carecía en 1979 de camas hoteleras, por lo que el municipio decidió reestudiar el sector. Castellano explicó que con la calificación actual de esos suelos -viviendas unifamiliares, bloques en altura y un palacio de congresos- "había muchos empresarios dispuestos a invertir, pero con suelo para hoteles era mucho más difícil". Castellano y Díaz explicaron que mientras se reformaba el urbanismo, firmaron varios preacuerdos, dos con otras tantas empresas catalanas y uno con la empresa onubense Club Atlántico, con objeto de asegurar el desarrollo turístico de la zona.

Respecto a otra de las parcelas señaladas en el supuesto tráfico de influencias, la de El Asperillo, Alfonso Aramburu, representante de la anterior propietaria de los terrenos, World Hotel, dijo que cuando la vendieron, en julio de 1987, ya estaba recalificada, "por lo que es absurdo hablar de tráfico de influencias".

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