Un grupo de jubilados pone en apuros al Ayuntamiento

La tozudez de un grupo de ancianos, jubilados de la EMT, directivos de la asociación de vecinos de San Cristóbal, del barrio de Castilla, ha provocado una de las mayores polémicas inmobiliarias registradas en Madrid, polémica que ha ido engullendo al grupo kuwaití KIO, al Banco Central y a los Albertos, y que si acaba como desean los denunciantes, con la paralización del proyecto de construcción de dos torres de 27 plantas en la plaza de Castilla, puede dar al traste una delicada operación político-financiera de control del banco citado, en la que, al parecer, está interesado el Gobierno.

Todo empezó hace dos años, aproximadamente cuando llegaron a la asociación los primeros rumores de que en los dos solares que bordean la plaza de Castilla se querían construir dos enormes torres y un hotel de lujo. Los vecinos se extrañaron. De los 10 miembros que forman la junta directiva, sólo el tesorero, Julio Prieto de Blas, que además es el único que aún trabaja, y no en la EMT, sino en la Philips, lleva sólo 25 años en el barrio. Todos ellos se conocen el barrio a la perfección y defendieron tozudamente, frente a las aseveraciones del primer teniente de alcalde, Luis Larroque, y del concejal del área de Urbanismo, Jesús Espelosín, que no había una sentencia del Tribunal Supremo por la que fuera obligado conceder a la propietaria de los solares, la inmobiliaria Urbanor, la edificabilidad de 125.000 metros cuadrados."Le dijimos que no a Larroque, y le dijimos lo mismo a Espelosín". "No nos hicieron caso", cuenta Antonio Jiménez, el vicepresidente de la asociación de vecinos. "Al final, cansados de la cerrazón municipal y de que en la Gerencia de Urbanismo se nos pusieran trabas constantes, recurrimos a la vía judicial". El 30 de marzo, el presidente de la asociación, Juan González Rujas, entregó un escrito en el Consejo General del Poder Judicial en el que pedían que se les, remitiera copia de la famosa sentencia.

Tal sentencia no existía, y el Ayuntamiento ha tenido que dar marcha atrás y abrir un nuevo período de información pública al que la asociación ha presentado ya sus alegaciones, en las que, por supuesto, se opone a las torres y argumenta la necesidad de equipamientos colectivos.

"Nosotros pensamos que el Ayuntamiento no ha defendido los intereses de los ciudadanos", afirma Margarita de la Victoria -Botija, portavoz de la asociación. "Bastó que Urbanor alegara sus presuntos derechos ante el Ayuntamiento, basados en la famosa sentencia inexistente, para que el equipo de gobierno municipal, sin molestarse en comprobarlo, les ampliara la edificabilidad de 60.000 a 125.000 metros cuadrados. Estamos convencidos que el Ayuntamiento podría haber presionado para obtener algún beneficio para Madrid y para nuestro barrio".

La asociación está ahora en pie de guerra, organizando la movilización del barrio para obligar al Ayuntamiento a desestimar el proyecto. Cuentan con el apoyo de IU y posiblemente con el del CDS. Sólo temen las fuertes presiones que piensan que sin duda existirán para que las torres de la discordia se construyan finalmente.